La interferencia gubernamental descarada amenaza la independencia editorial y el acceso a las noticias en siete países latinoamericanos, según un informe publicado por la Iniciativa de Justicia del Open Society Institute (Instituto Sociedad Abierta, OSI) y la Asociación de Derechos Civiles (ADC) de Argentina. «El precio del silencio: abuso de publicidad oficial y otras formas […]
La interferencia gubernamental descarada amenaza la independencia editorial y el acceso a las noticias en siete países latinoamericanos, según un informe publicado por la Iniciativa de Justicia del Open Society Institute (Instituto Sociedad Abierta, OSI) y la Asociación de Derechos Civiles (ADC) de Argentina. «El precio del silencio: abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina», publicado el 11 de agosto de 2008, cataloga abusos en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay.
Los Gobiernos de América Latina han usado desde hace mucho la violencia y el acoso legal para silenciar a los periodistas demasiado francos. El informe descubre una tendencia menos obvia pero creciente de funcionarios que usan facultades normativas e incentivos financieros como la publicidad y los pagos directos para recompensar o castigar la cobertura noticiosa.
«Los funcionarios gubernamentales gastan millones de dólares para tratar de comprar una cobertura favorable, una situación que empeoran los bajos salarios y la falta de seguridad laboral de muchos periodistas», dice el coautor Darian Pavli de la OSI. «Esta censura indirecta puede congelar redacciones enteras y aún así permanece invisible para el público en general», dijo Roberto Saba, director ejecutivo de ADC.
El informe de 200 páginas documenta diversos tipos de interferencia, incluyendo los pagos directos del Gobierno a periodistas en Colombia y Perú; las autoridades locales en Chile que dictan sobre qué pueden escribir los periodistas; y el intento de un funcionario de alto rango en Costa Rica de usar los contactos publicitarios para influir en una prolongada batalla política.
«Demasiados gobiernos de América Latina tienden a tratar a los medios como un boletín», dijo María Teresa Ronderos, presidenta de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que escribió el capítulo sobre Colombia. Otras investigaciones específicas por país fueron realizadas por Pro Acceso (Chile), el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Costa Rica), el Instituto Prensa y Sociedad (Perú), la Asociación de la Prensa Uruguaya e investigadores locales en Honduras.
Los resúmenes ejecutivos y el informe completo, en inglés y español, se encuentran en línea en: http://www.justiceinitiative.org/db/resource2?res_id=104124
Nota de IPS: http://ipsnews.net/news.asp?idnews=43571
(20 de agosto de 2008)
