La CIDH había solicitado la creación del mecanismo al Estado ecuatoriano cinco años atrás, en el contexto del secuestro y muerte de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.
Este artículo fue publicado originalmente en fundamedios.org.ec el 16 de noviembre de 2023.
La mañana de este jueves, en sesión ordinaria del Pleno del Consejo de Comunicación, se presentó a los delegados de los trabajadores de los medios de comunicación y de la sociedad civil ante el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico y se conocieron las designaciones hechas por los distintos entes estatales que forman parte del Mecanismo por Ley. Entre otros puntos, se evaluó la necesidad de enrumbar todas las acciones para garantizar la asignación de recursos públicos suficientes, de cara a la implementación de la instancia técnica de protección.
Como representante de la sociedad civil se designó a María Amelia Espinosa, abogada con experiencia en distintos ámbitos de los Sistemas Universal e Interamericano de Protección de Derechos, como la incidencia política, el litigio estratégico y la supervisión de cumplimiento de obligaciones, y quien cuenta con varios años de experiencia en procesos de articulación interinstitucional e intersectorial de políticas públicas. A la fecha, Espinosa coordina el Área de Protección para Periodistas de Fundamedios.
Como representante de los trabajadores de los medios de comunicación comunitarios, públicos y privados se designó a Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, uno de los tres periodistas de “Diario El Comercio”, secuestrados y asesinados en 2018 en la frontera colombo-ecuatoriana. Rivas es cofundador de la organización Nos Faltan 3.
Además de los representantes señalados, el Mecanismo está integrado por delegados permanentes del Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, Ministerio de Defensa Nacional, Secretaría de Gestión de Riesgos, Consejo Nacional Electoral y Fiscalía General del Estado. Sus integrantes podrán, en su momento, convocar a otros entes rectores que estimen pertinentes para el desempeño de sus funciones en los ámbitos de prevención, protección y procuración de justicia.
En la sesión de esta mañana, el consejero y director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, se refirió a la discrepancia existente entre las cifras presentadas por el Consejo de Comunicación y las que maneja la sociedad civil organizada, en torno a las agresiones a los medios de comunicación, periodistas y trabajadores de la comunicación. También se refirió a la categoría de “agresores desconocidos”, que a la presente se refiere a actores del crimen organizado a quienes es prácticamente imposible identificar. Ricaurte explicó que el Mecanismo estatal debe trabajar arduamente en tres áreas: prevención, protección y procuración de justicia, a través de la creación de protocolos e incluso de mecanismos de intercambio de información sensible. También se refirió al estigma que genera el discurso de agentes estatales en cuanto a referencias negativas a la prensa se refiere, e hizo un llamado a que se ponga énfasis en la importancia que tiene el reconocimiento de la labor periodística como componente sustancial de la democracia.
Por su parte, Malena Estrella, representante de la Fiscalía General del Estado, explicó que existen brechas entre el factor humano y logístico requeridos para la protección de periodistas, y el recurso efectivamente asignado. Sin embargo, indicó que existe una plena disposición para trabajar conjuntamente en instrumentos que garanticen la mejora de las investigaciones en todas sus fases.
Tomas Guayasamín, representante del Ministerio del Interior, se refirió a la Estrategia contra la Delincuencia Organizada 2023-2030, que permitirá trabajar en el ámbito de la prevención y gestión de riesgos. En la misma línea, enfatizó en la necesidad de designar responsables para garantizar las acciones interinstitucionales efectivas en tiempo y forma.
Luis Felipe Román, representante del Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos, congratuló los esfuerzos en torno a la creación del Mecanismo y se refirió a la política pública de protección de defensores de derechos humanos, que considerará como actores centrales a los periodistas. También se refirió al Sistema de Alertas Tempranas cuya creación se lleva adelante desde la Defensoría del Pueblo, e instó a un esfuerzo mancomunado por aprovechar estos insumos e instrumentos para que el trabajo del Mecanismo sea verdaderamente eficiente.
Ricardo Rivas celebró la confirmación del Mecanismo y señaló que ha tardado cinco años y ocho meses, tomando en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado ecuatoriano la conformación de un mecanismo de protección en el contexto del secuestro y muerte de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, y fue enfático en que es necesario aprender de lo que sucedió para generar garantías efectivas de no repetición.
María Amelia Espinosa puso énfasis en la necesidad de pasar de la normativa a las acciones, recordó que el Reglamento General a la Ley de Comunicación prevé la posibilidad de que el Mecanismo cuente con recursos provenientes de la cooperación internacional, y se refirió a la importancia de la articulación intersectorial para garantizar la prevención, protección y procuración de justicia.
Sobre el financiamiento del Mecanismo, la presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz, se refirió a que el Reglamento a la Ley de Comunicación prevé la asignación presupuestaria necesaria, pero dijo que hasta la fecha las respuestas del ente rector de las finanzas públicas no han sido definitivas, lo que es preocupante. El 13 de noviembre pasado el Consejo habría tomado conocimiento de la planeación presupuestaria que se encontraría en proceso, y que, a sus ojos, sería insuficiente para garantizar el cumplimiento de funciones en los ámbitos de trabajo del Mecanismo. De allí surgió un compromiso de los consejeros de llamar a reuniones al nuevo gabinete presidencial, para comprometer los recursos necesarios de cara al trabajo que debe cumplirse para garantizar un trabajo periodístico seguro.