Acción Ecológica fue notificada del inicio del proceso de extinción jurídica, luego de que el Ministerio del Interior considera que pronunciamientos hechos en redes sociales en rechazo a la extracción minera en Morona Santiago, atentan contra la seguridad interna del Estado y afecta la paz pública.
Este artículo fue publicado originalmente en fundamedios.org el 20 de diciembre de 2016.
La organización de la sociedad civil Corporación Acción Ecológica fue notificada del inicio del proceso de extinción jurídica, luego de que el Ministerio del Interior pidió al Ministerio del Ambiente proceder a la “disolución inmediata” de dicha Organización social, por considerar que, pronunciamientos hechos en redes sociales en rechazo a la extracción minera en Morona Santiago, atentan contra la seguridad interna del Estado y afecta la paz pública. Todo esto se da en el marco de protestas que ocurren en esa provincia amazónica, por parte de nativos Shuar, de la comunidad de Nankitns, quienes se oponen a la minería practicada por la empresa china ECSA en tierras que consideran de propiedad ancestral.
En un oficio que ingresó en el Ministerio del Ambiente este 20 de diciembre de 2016, firmado por Diego Torres, viceministro de Seguridad Interna (S), se pide la disolución inmediata de la Organización, en alusión al Artículo 22 del Reglamento para Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales, el cual se refiere a las causales de disolución de una organización. En este caso, esa cartera de Estado los acusa de “la desviación de los fines y objetivos para los cuales fue constituida y por injerencia en políticas públicas”.
Parte del documento menciona que “La Organización Acción Ecológica, a través de publicaciones en las redes sociales, ha manifestado su respaldo a las acciones y hechos violentos cumplidos por la comunidad Shuar, realizando afirmaciones sobre los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían de la actividad extractivista promovida por los entes gubernamentales, así como de supuestas violaciones de los derechos humanos de estas comunidades, alejando la ejecución de presiones, hostigamientos, amenazas, desalojos violentos, y de acciones de injustificada militarización en la zona (…) promoviendo la movilización social y el respaldo a dichos enfrentamientos, y en consecuencia, generando en la sociedad ecuatoriana , grave afectación y conmoción social”.
Acción Ecológica fue notificada el mismo 20 de diciembre con el inicio del proceso de disolución por parte del Ministerio del Ambiente y se le dio 24 horas para responder y 10 días para que las dos partes presenten las pruebas.
