IPYS Venezuela advierte que las agresiones y ataques, el abuso del poder estatal, y las restricciones de acceso a la información pública hacia periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, marcaron las violaciones a la libre expresión e información entre los meses de julio a diciembre de 2020.
Este artículo fue publicado originalmente en ipysvenezuela.org el 28 de diciembre de 2020.
IPYS Venezuela advierte que las agresiones y ataques, el abuso del poder estatal, y las restricciones de acceso a la información pública hacia periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, marcaron las violaciones a la libre expresión e información entre los meses de julio a diciembre de 2020
Las agresiones y amenazas, el abuso del poder estatal y las restricciones de acceso a la información de interés público fueron los mecanismos de censura que más coartaron el ejercicio del periodismo en Venezuela durante los últimos seis meses de 2020. Así lo evidenció el sistema de monitoreo y alertas del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), que totalizó 141 casos de violaciones a los derechos de libertad expresión e información de los periodistas y ciudadanos, de acuerdo con los 12 indicadores definidos por Voces del Sur.
Los hechos más graves en estos meses fueron los asesinatos a los comunicadores, José Carmelo Bislick y Andrés Eloy Nieves Zacarías, en los estados Sucre y Zulia, respectivamente. También hubo un intento de homicidio y de secuestro contra el reportero gráfico Jamel Louka en Guárico. Destacaron además las detenciones arbitrarias, que totalizaron 17 casos en los que se vieron afectados 23 trabajadores de la prensa.
Estas restricciones en la labor periodística se dieron en un contexto de crisis profunda de derechos humanos que afectó a todo el país debido a las precariedades en el acceso a los servicios básicos como la electricidad, el agua, el gas y la gasolina, entre otros, y a este escenario se suma la situación de emergencia sanitaria causada por la pandemia de la Covid-19. Desde que se decretó el Estado de Alarma en Venezuela el 13 de marzo de 2020, han aumentado las órdenes de silencio y los impedimentos para que la prensa venezolana ejerza su derecho de informar, investigar, opinar e incluso preguntar sobre asuntos de relevancia social.
El segundo semestre del año comprendió 54 casos por hechos de intimidación y ataques físicos, 24 por uso abusivo del poder estatal, 24 por limitaciones de acceso a la información pública, siete casos por agresiones con el uso de normas vigentes, seis de censura previa, y dos casos de censura interna. En cuanto a las limitaciones a los derechos digitales de los venezolanos, se constataron 10 ciberagresiones, nueve restricciones a la expresión en línea y cinco bloqueos.
Durante este período de 2020, 91 hombres y 70 mujeres trabajadores de la prensa fueron vulnerados por ejercer su labor y exigir sus derechos. De acuerdo con los datos de IPYS Venezuela, la mayoría de estas violaciones a las garantías informativas fueron ejercidas por parte de funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado, responsables de 72 de las incidencias que registró esta organización.
El mayor número de casos ocurrió en los meses de julio y octubre, que totalizaron 31 incidentes cada mes. Seguidamente estuvo diciembre con 28 hechos, y agosto con 26 eventos, mientras que en septiembre y noviembre se ejecutaron 12 y 13 limitaciones, respectivamente. Una vez más la entidad más afectada por estas acciones fue el Área Metropolitana de Caracas, en donde se registraron 21 casos. El estado Sucre fue el segundo con el mayor número de incidencias, sumando 12, y luego se encontró el estado Bolívar con 10 en total. Otras entidades que acumularon cinco o más de este tipo de hechos fueron Carabobo (9), Mérida (9), Táchira (6), Aragua (5), Guárico (5) y Miranda (5).
Arremetida contra el periodismo
Los asesinatos, los intentos de homicidios y secuestro, además de los golpes, las lesiones y los hechos de intimidación incrementaron durante los últimos seis meses de 2020. Durante ese tiempo, el nivel de riesgo de los ataques y las agresiones aumentaron considerablemente y registraron los hechos de más alta gravedad. Estas agresiones y ataques comprendieron la categoría de mayor preocupación de acuerdo con los datos recabados por IPYS Venezuela, pues se registraron 53 incidentes bajo este tipo de violaciones que incluyeron agresiones físicas y verbales, amenazas, persecuciones, daños a herramientas de trabajo, robos, confiscaciones, allanamientos a medios de comunicación e inclusive asesinatos contra trabajadores de la prensa.
José Carmelo Bislick y Andrés Eloy Nieves Zacarías, quienes fueron asesinados en el último semestre en Venezuela, son el reflejo de los graves riesgos que enfrenta el ejercicio del periodismo en el país. El primero de estos hechos se dio en causas que aún no han sido investigadas por las autoridades, mientras que Nieves Zacarías perdió la vida luego de que efectivos de seguridad del Estado le dispararon a quemarropa en Cabimas, estado Zulia.
Un intento de homicidio y de secuestro también fue registrado por esta organización el 2 de diciembre. Jamel Louka, reportero gráfico del Diario La Antena, en Altagracia de Orituco en el estado Guárico recibió un disparo de bala que le perforó el brazo izquierdo, y otro que tenía como dirección su abdomen, pero fue esquivado por un chaleco antibalas que tenía el reportero.
Tres días previos al hecho, Louka recibió amenazas que se intensificaron el martes 1 de diciembre con la visita de dos sujetos, un hombre y una mujer, a su vivienda en más de una oportunidad. Durante la mañana del martes, los desconocidos tocaron a la puerta de su casa donde fueron recibidos por su hijo de 10 años, quien pudo identificar que los desconocidos tenían acento colombiano, similar al de la esposa de Louka y madre del menor.
Insistentemente preguntaron por el reportero y le dijeron al pequeño que informara a su padre que le bajara el tono a sus publicaciones. “Dile a tu papá que le baje al tono. Que no publique de otra cosa que no sea de lo que le toque a él”, fueron parte de las palabras que dijeron y que volvieron a repetir a las 6 de la tarde del mismo día cuando regresaron a la propiedad.
A las 5 de la mañana del 2 de diciembre Louka trasladó a su familia hacia el terminal de Altagracia de Orituco, con el objetivo de salir de la entidad, luego de recibir una nota de voz por la aplicación de mensajería privada Whatsapp donde lo amenazaban diciéndole que tuviera cuidado y que lo “iban a linchar”.
Ya en la terminal, su hijo identificó a la mujer que había ido el día anterior a su residencia. En un ademán de sacar algo de su bolso, el reportero dejó a su familia en el autobús y salió del lugar. Al llegar a su casa, el hombre y la fémina lo interceptaron y con una escopeta le propinaron un disparo que impactó en la puerta del vehículo. Una vez fuera del carro, fue tomado y apuntado con un arma en la cabeza e intentaron montarlo en otro carro que tenían los desconocidos para llevárselo secuestrado.
En un momento de distracción, Louka dijo que se zafó e intentó correr, pero en ese momento los delincuentes le propinaron los disparos que fueron en dirección a su brazo y abdomen. El reportero relató a esta organización que logró esconderse detrás de su camioneta mientras que los antisociales lanzaron una granada y escaparon del lugar. Louka señaló que tras varias dificultades logró movilizarse hacia el hospital de la localidad donde fue atendido y resguardado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), hasta que días posteriores pudo abandonar el lugar y resguardarse en un sitio seguro.
En simultáneo, a lo largo de los últimos seis meses de 2020 las agresiones físicas y los hechos de intimidación no han tenido freno. Incluso, los cuerpos de seguridad del Estado han sido los victimarios más frecuentes de estos ataques que se han concentrado principalmente en el marco de protestas ciudadanas en diferentes lugares del país, así como en momentos de allanamientos a sedes de medios de comunicación y mientras reporteros registraban hechos de interés público como el desarrollo de los comicios parlamentarios del pasado 6 de diciembre.
El Poder de la censura
Las fuerzas estatales siguen posicionándose como el principal victimario contra el ejercicio periodístico en el país. IPYS Venezuela registró un total de 24 casos por uso abusivo del poder del Estado desde julio hasta el día en que se publica este reporte. Estos hechos comprendieron 17 detenciones arbitrarias que afectaron a 23 trabajadores de la prensa, cinco casos por declaraciones agraviantes contra periodistas por parte de autoridades públicas, dos casos por seguimientos y uno por campañas de agravios.
