Las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores han aprobado el dictamen que facultaría a las autoridades federales a conocer los delitos cometidos en contra de periodistas en el ejercicio de la libertad de expresión.
(ARTICLE 19/IFEX) – Ciudad de México, 6 de marzo, 2012 – Las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores aprobaron el dictamen que facultaría a las autoridades federales a conocer los delitos cometidos en contra de periodistas en el ejercicio de la libertad de expresión.
La impunidad es uno de los elementos característicos del patrón de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación en México. Del 2000 a la fecha, 66 periodistas han sido asesinados y 13 permanecen desparecidos. La mayoría de estos casos no han sido investigados por las procuradurías locales de manera adecuada, lo que ha significado que muchos de los expedientes presenten graves deficiencias. Por ello, resulta adecuada la idea de facultar a la Federación para que concentre la investigación de este tipo de delitos, que resultan especialmente graves debido a que no sólo implican la violación de los derechos de las víctimas y sus familiares sino también la violación del derecho de la sociedad a estar informada.
El avance en el proceso legislativo para federalizar los delitos en contra de la libertad de expresión es en sí positivo, ya que rompe con el impase del gobierno federal que duró casi 4 años ante los múltiples señalamientos de la comunidad internacional y organizaciones de la sociedad civil que evidenciaron la necesidad de federalizar los delitos contra quienes ejercen el periodismo.
La decisión del Senado aporta para que el Estado mexicano atienda una de los puntos más apremiantes de la agenda de derechos humanos en el país. Si bien no es suficiente para revertir la situación de violencia en contra periodistas y comunicadoras, constituye un avance en la dirección correcta.
¿Qué se aprobó?
El martes 06 de marzo de 2012 se discutió en el Senado la «minuta de proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos, en materia de delitos contra periodistas y la libertad de expresión», previamente aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 11 de noviembre de 2011.
El objetivo de la minuta es «facultar a las autoridades federales para conocer de los delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta». La misma se orienta en el sentido de procurar cumplir las recomendaciones internacionales que llaman a proteger a periodistas así como velar por una investigación inmediata, efectiva e imparcial y enjuiciar a los perpetradores.
Ahora bien, su aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial no serían suficientes para su aplicación inmediata. El mismo dictamen establece la necesidad de realizar las reformas respectivas – que supondría reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Código Federal de Procedimientos Penales y eventualmente al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República – en un plazo de 6 meses después de aprobado el dictamen. Sólo entonces es que las autoridades federales podrán atraer los casos sobre delitos del orden común relacionados con periodistas en su ejercicio de la libertad de expresión.
Por ello, ARTICLE 19 también ha señalado la necesidad de una reforma integral que contemple el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), para garantizar investigaciones efectivas y especializadas sobre agresiones contra quienes ejercen el periodismo.
Ante la señal positiva que envía hoy el Poder Legislativo, ARTICLE 19 hace un respetuoso llamado a:
– El Constituyente Permanente a aprobar a la brevedad la reforma constitucional sin menoscabar el alcance de la aplicación inmediata a fin de que se garanticen investigaciones y enjuiciamientos rápidos, efectivos e imparciales en casos de delitos cometidos en contra de periodistas en ejercicio de la libertad de expresión.
– El Congreso de la Unión a armonizar a la brevedad las leyes federales que permitan a las autoridades federales para conocer de los delitos del orden común cometidos en contra de periodistas en el ejercicio de la libertad de expresión.
Finalmente reiteramos la necesidad, ahora más urgente que nunca, de fortalecer sustancialmente a la FEADLE, integrándola en la estructura orgánica de la Procuraduría General de la República, robusteciendo su marco jurídico y dotando de suficientes recursos humanos y financieros para cumplir con su mandato.
