Un resumen de las principales noticias sobre la libertad de expresión en las Américas, según informes de los miembros de IFEX.
Septiembre siguió el oscuro sendero que lleva el 2017. La muerte de otro periodista en Honduras y otro más en México marcan una costumbre perversa que los Estados fallan en solucionar: terminar con la impunidad de los asesinos de periodistas.
En México fue asesinado el 5 de septiembre Juan Carlos Hernández, colaborador del portal La Bandera Noticias. Hernández, de 29 años, fue atacado por sujetos que le dispararon cuando salía de su casa. Medios locales informaron que el sitio de internet había denunciado amenazas.
Una semana después fue asesinado a tiros el periodista hondureño Carlos Williams Flores, quien conducía el programa Sin pelos en la lengua, en el que cubría temas sobre irregularidades en el municipio.
Cuando un periodista muere, el ataque no solo es a la persona sino a todo el sistema. Sus colegas, compañeros u otras personas que pretenden expresarse libremente reciben el mensaje de que hacerlo puede conllevar riesgo de muerte. Peor aún cuando esos crímenes siguen impunes durante años, alentando a los violentos a seguir su curso a sabiendas que no habrá consecuencias. México es el cuarto país mas impune del mundo y el primero en América.
En Honduras sigue desaparecido el periodista Víctor Manuel Pineda. Además ese país vuelve a retroceder en su marco legal con respecto a la libertad de expresión. En el nuevo código penal figura un artículo que en el segundo párrafo dice que, «quien públicamente difunde de forma reiterada noticias o rumores falsos que atemoricen a la población o parte de esta, y de este modo se cree un peligro grave para la vida o la salud de las personas o el patrimonio debe ser castigado con la pena de prisión de uno a tres años, salvo que los hechos estén castigados con pena más grave en otras disposiciones de este Código».
Mexico también aplicó un nuevo reglamento de movilidad que atenta contra la libertad de expresión.
En Ecuador, disminuyeron el discurso estigmatizante, los insultos y descalificaciones en contra de periodistas o activistas, y las sanciones casi diarias en contra de los medios desde que asumió Lenin Moreno, según los registros de nuestro miembro Fundamedios.
En lo que va de 2017, se han registrado 242 ataques, de los que 113 corresponden a los últimos meses de Correa en el poder. Esta disminución es alentadora, aunque hasta ahora se apreciaron nulos avances en las tan necesitadas reformas legales que garanticen una apropiada libertad de expresión.
Venezuela sigue un camino de censuras y ataques. Aunque las movilizaciones populares remitieron en incidentes violentos, los casos de presiones y ataques del régimen de Maduro no cesan. De hecho este mes cerraron varias emisoras de radio sumándose a las varias decenas que fueron clausurados ese año.
De hecho, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el cierre de más de 50 medios de comunicación en Venezuela bajo procedimientos apartados de los principios que garantizan la libertad de expresión, y exhortó al Estado a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación -tanto nacionales como extranjeros- puedan operar en el país con garantías legales y sin ninguna distinción relacionada con su línea editorial.
Algunas luces de esperanza
Por suerte no todo fueron malas noticias. En el marco del Dia de Acceso a la Información, el 28 de septiembre, IFEX se hizo eco de la investigación de uno de sus miembros , ARTICLE 19, cuyo objetivo fue utilizar el Derecho de Acceso a la Información para empoderar a comunidades indígenas mexicanas y en particular a las mujeres de esas poblaciones.
El proyecto, denominado Transparencia Proactiva, tuvo muy buenos resultados en las comunidades donde se aplicó: además de alcanzar acciones concretas como proveer de servicios de salud a un poblado o destituir a funcionarios corruptos, también tuvo un rol esencial en mejorar la posición de la mujer dentro de su comunidad, en la que hasta ahora no tenían ni voz ni voto. Aunque falta mucho por hacer, fue un avance positivo que piensan replicar.
En Colombia viernes 9 de septiembre un juez impuso una pena de prisión de 47 años, 6 meses y 2 días a Juan Camilo Ortíz, alias ‘El Loco’, por la autoría material del homicidio de la periodista Flor Alba Núñez, ocurrido el 10 de septiembre de 2015 en Pitalito, Huila. La FLIP reconoce este hecho y la celeridad como se dio como un avance significativo en la lucha contra la impunidad.
Seguridad digital
Conscientes de que en los nuevos tiempos del periodismo una de las claves fundamentales para preservar la seguridad de los periodistas tiene que ver con el mundo digital, IFEX ALC lanzó una campaña continental al respecto.
Con una fuerte promoción entre sus miembros, se busca alertar y aconsejar a los periodistas sobre las mejores prácticas para mantener una buena seguridad digital. Este objetivo se traza luego de que en una reciente encuesta realizada por organizaciones de IFEX-ALC, se reveló una falta de conocimiento y uso de buenas practicas de seguridad digital. La campaña de la red de IFEX-ALC pretende fortalecer la habilidad de los periodistas de protegerse a través de la promoción estratégica de herramientas y prácticas de seguridad digital.
En breve
En Canadá la sociedad civil festejó el anuncio de la ministra de Patrimonio Nacional, quién reveló que su gobierno desistió en poner más impuestos a Internet además de centrar a la web en el corazón del futuro cultural de ese país.
En Paraguay un juez liberó a un narcotraficante que había planeado asesinar a periodista Cándido Figueredo. Por otra parte un aspecto positivo fue que el Poder Ejecutivo vetó totalmente el proyecto de Ley Nº 5.883/2017, que regula la activación del servicio de telefonía móvil.
Hubo un encuentro regional de países andinos para discutir sobre retos y oportunidades para mejorar las libertades en la region.
En el Caribe los huracanes demostraron ser los más efectivos censuradores de la libertad de expresión: varios medios salieron del aire y otros tuvieron que dejar de trabajar.
En Uruguay la transparencia activa en organismos públicos aumenta pero persisten importantes situaciones de incumplimiento.