Con esta reforma, se concreta un retroceso significativo en materia de derechos humanos.
Este artículo fue publicado originalmente en cainfo.org.uy el 15 de mayo de 2024.
El Estado uruguayo comenzará, en plena campaña electoral, a incidir en los contenidos de los medios de comunicación, luego de la aprobación de una nueva ley de medios por parte del Senado este martes 14 de mayo. Se votó con los 16 legisladores de la coalición de gobierno en sala y la ausencia de la oposición.
La norma, que deberá pasar nuevamente por Diputados, se aprobó sin la discusión en la Comisión de Industria, sin el aviso en la coordinación de bancada a la oposición y sin escuchar a ninguna delegación sobre su contenido.
El texto incluye un aditivo para obligar a los medios a “brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”.
Esta redacción fue sugerida por Cabildo Abierto, el partido que años atrás había propuesto crear un mecanismo de control de los contenidos de los medios de comunicación, asignando ese cometido a la Corte Electoral, a través de una Junta de Garantías en la Comunicación Política, aplicando sanciones y multas.
Con esta reforma, se concreta un retroceso significativo en materia de derechos humanos, con la aprobación de un marco regulatorio contrario a los estándares interamericanos de libertad de expresión, lo cual tendrá, entre otras consecuencias, el aumento de la concentración y el blanqueo de la situación actual de varios grupos mediáticos, extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación, y la eliminación de la participación pública y control ciudadano en los procesos de adjudicación de frecuencias.
Cainfo había alertado en su último informe de amenazas y restricciones a la libertad de expresión, publicado el 3 de mayo, sobre el alto número de propuestas de marco regulatorio contrario a estándares de libertad de expresión, y las consecuencias que esto tiene para la calidad democrática, especialmente en medio de un proceso electoral.
Por estas razones Cainfo rechaza la aprobación de esta nueva normativa, que deroga la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -aprobada luego de un proceso participativo, abierto y democrático, con el asesoramiento de expertos y organismos internacionales- para sustituirla por una norma regresiva sin una discusión adecuada y contraria a las obligaciones internacionales que el país asumió en materia de derechos humanos.
