Lanzada nueva investigación realizada por Derechos Digitales sobre el uso de tecnologías de vigilancia para controlar el acceso a las políticas públicas de protección social, particularmente en el caso de Bolivia y Venezuela.
Este artículo fue publicado originalmente en derechosdigitales.org.
Desde hace ya varios años, Derechos Digitales, junto a distintas organizaciones de la sociedad civil y la academia, ha denunciado el creciente impacto del uso de las tecnologías de vigilancia en el ejercicio de los derechos humanos en América Latina.
De manera creciente, nuestros países están adquiriendo cámaras de reconocimiento facial, drones con capacidad de vigilancia a distancia, software capaz de intervenir las comunicaciones digitales y otras tecnologías que se han utilizado para amedrentar, silenciar y criminalizar activistas y comunicadoras. Bajo argumentos como la protección de la seguridad pública, tecnologías fueron implementadas sin que necesariamente se tomaran medidas para prevenir el abuso en manos de gobiernos con tendencias autoritarias.
Mientras a nivel internacional avanza la demanda por prohibir el uso de estas tecnologías hasta alcanzar ciertos estándares rigurosos de derechos humanos, en nuestra región observamos ahora una silenciosa tendencia hacia la implementación de distintos sistemas tecnológicos para controlar el acceso a la protección social, o sea, las políticas desarrolladas por para disminuir la pobreza, la vulnerabilidad social y la exclusión, en tanto derechos fundamentales.
Se ha debatido largamente sobre el concepto de protección social y el carácter que deberían tener tales políticas, así como sus distintas implementaciones en América Latina, como se observa en los casos de estudio que componen esta publicación. La región, una de las más desiguales del mundo, se ha convertido en ejemplo internacional en la implementación de estos programas en las últimas décadas. Sin embargo, el incremento de las condicionalidades -explícitas o implícitas- al acceso a los beneficios sociales en los últimos años atenta contra su carácter de derecho humano y universal. A eso se suma la la mediación tecnológica, que a través de sistemas biométricos como el reconocimiento facial o la recolección de huella dactilar, aplicaciones web o registros digitales unificados, puede profundizar las desigualdades en vez de erradicarlas.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos ha identificado algunos usos de tecnologías en los sistemas de bienestar alrededor del mundo, que incluyen la verificación de identidad, la evaluación de criterios para recibir ayuda, el cálculo y pago de prestaciones sociales, la prevención y detección del fraude, la clasificación de riesgo y necesidades, y la comunicación entre autoridades y beneficiarias de asistencia social.
Observamos varios de esos usos en América Latina y algunos ejemplos son presentados con mayor profundidad en los casos de estudio incluidos en este reporte. En el caso de Venezuela, observamos el uso de tecnologías de vigilancia para la verificación de identidad. Mientras el país enfrenta una crisis humanitaria sostenida, se han implementado sistemas biométricos para controlar la adquisición de productos de primera necesidad, resultando en diversas denuncias de discriminación hacia personas extranjeras y, especialmente, transgénero, como explora Marianne Díaz en su texto.
Además de los impactos por discriminación, este tipo de iniciativa implica una vigilancia diferenciada hacia las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, dependen del apoyo del Estado. Medidas similares se han implementado en otros países de la región e incluyen el uso de reconocimiento facial para controlar el uso de beneficios especiales en los sistemas de transporte en distintas ciudades de Brasil o incluso en el interior de instituciones educativas. Propuestas similares han sido presentadas en el marco del retorno a clases presenciales en Chile. Y, también en el contexto de la pandemia mundial por COVID-19, en El Salvador y Perú se han utilizado sistemas de reconocimiento facial para controlar potenciales fraudes en exámenes educativos realizados de manera remota, afectando incluso a personas menores de edad.
