Ante las revelaciones de #EjércitoEspía, organizaciones de la sociedad civil deciden no continuar con los trabajos de Gobierno Abierto en el orden federal en tanto no se resuelva el espionaje ilegal y se regenere la confianza.
Este artículo fue publicado originalmente en articulo19.org el 27 de octubre de 2022.
- Ante las revelaciones de #EjércitoEspía, organizaciones de la sociedad civil decidimos no continuar con los trabajos de Gobierno Abierto en el orden federal en tanto no se resuelva el espionaje ilegal y se regenere la confianza.
- Es imprescindible que paren las acciones que merman el espacio cívico y la participación ciudadana.
El pasado dos de octubre las organizaciones R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, ARTICLE 19 México y Centroamérica, y SocialTIC, en colaboración con Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, publicaron la investigación #EjercitoEspia en la que se dieron a conocer tres nuevos casos de espionaje en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en este sexenio.
Ante estos hechos, las organizaciones que integramos el Núcleo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) expresamos nuestra preocupación y rechazo ante lo ocurrido y consideramos que no hay condiciones de confianza mínimas para cocrear un Quinto Plan de Acción en el marco de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA).
Estos hechos demuestran, tal como en 2017, la existencia de una conducta ilegal que erosiona gravemente el espacio cívico y merma la confianza para construir una agenda conjunta. En tanto no se tome con seriedad y contundencia la resolución del espionaje ilegal en México, no se tendrán condiciones de confianza mínimas para generar un contexto de Gobierno Abierto con el cual poder cocrear un siguiente Plan de Acción.
Además, anunciamos que pondremos en marcha los mecanismos institucionales de la Alianza para el Gobierno Abierto como la Política de Respuesta Rápida (Rapid Response Policy), al considerar que se han violado las condiciones para el diálogo, así como los valores y principios que rigen la Alianza.
Estos hechos se suman a lo ocurrido en la administración pasada. En 2017 se dio a conocer que diferentes oficinas del gobierno mexicano hicieron uso de vigilancia ilegal a tres destacados investigadores y defensores de la salud en México, quienes formaban parte de instituciones que colaboraban en conjunto con la Sociedad Civil y el gobierno en la Alianza para el Gobierno Abierto. Este caso fue denominado #GobiernoEspía. Dichas acciones generaron la suspensión de la participación del Núcleo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) en el Secretariado Técnico Tripartita y el Tercer Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en ese año.
Las razones que en este momento nos llevaron a tomar esta decisión fueron que la actual administración se comprometió a no realizar acciones de espionaje contra la población civil, así como la creación de un compromiso en el Cuarto Plan de Acción en 2019, que tenía como objetivo establecer “Controles democráticos a la intervención de las comunicaciones privadas”. Dicho compromiso, a tres años de su creación, no ha generado avances significativos en la implementación de controles que eviten la repetición de las intervenciones
ilegales, al momento solo se logró establecer una dinámica de diálogo con las autoridades responsables del tema. Además, cuando se pidió una respuesta del Ejecutivo por los nuevos casos, se negaron los hallazgos de la investigación y se deslegitimó a las víctimas.
Reiteramos el llamado a que se reconozcan los hechos, se realicen investigaciones diligentes, independientes y exhaustivas que esclarezcan las intervenciones de comunicaciones ilegales contra las víctimas.
Resaltamos que esta decisión no parará el trabajo del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil para desarrollar una agenda de apertura gubernamental, cuyo objetivo principal es construir condiciones necesarias para que el gobierno abierto en México se desarrolle en espacios de confianza y participación, pero sobre todo que impulse la colaboración entre la Sociedad Civil y el gobierno para la resolución de problemas públicos.
Sin embargo, señalamos que no puede construirse una agenda de gobierno abierto en un contexto de vigilancia ilegal y desacreditación hacia las organizaciones de sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
ATENTAMENTE
