Calderón responsabilizó al crimen organizado, contrastando con estadísticas que muestran que los principales responsables son funcionarios públicos y las fuerzas de seguridad.
(CENCOS/IFEX)- El presidente Felipe Calderón Hinojosa declaró en el marco de la presentación del informe de actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que el principal responsable de las agresiones a periodistas en México es el crimen organizado y que la mayor amenaza a los derechos humanos en el país proviene de este actor.
Según lo que publicó el periódico «El Universal», Calderón Hinojosa sostuvo ante el ombudsman nacional que «la principal amenaza del pleno ejercicio de la libertad de expresión proviene precisamente del crimen organizado. Quienes someten, secuestran, levantan y finalmente asesinan, por desgracia, a periodistas, son criminales sin escrúpulos que se sienten dueños de la sociedad y no toleran ningún señalamiento ni crítica.»
Esto contrasta con lo planteado por diversas organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil. En el informe «Entre la Violencia y la Indiferencia», elaborado por ARTICLE 19 y CENCOS y presentado el 10 de febrero de 2010, de las 244 agresiones a la libertad de expresión registradas en 2009, 160 fueron cometidas por funcionarios públicos, lo que supone un 65.57% del total. Pese a que en un 14.34% no se pudo ubicar al supuesto responsable, los actores vinculados al crimen organizado cometieron un 6.15% de las agresiones.
El 2009 se caracterizó por una diversidad en los tipos y en las formas de agresiones a la libertad de expresión, siendo alarmante su crecimiento respecto a años anteriores. Si bien los grupos del crimen organizado son presuntos responsables de una parte de los ataques, en general los más violentos, las estadísticas muestran que el principal responsable se concentra entre funcionarios públicos y fuerzas de seguridad del estado.
En materia de libertad de expresión, las responsabilidades del Estado no sólo contemplan el abstenerse de interferir directamente en el ejercicio de este derecho, sino también garantizar la seguridad jurídica e integridad física de quien lo ejerce ante cualquier ataque. En caso de una agresión, el Estado tiene la obligación de investigar y castigar a las y los responsables, reparar el daño a las víctimas e instrumentar medidas que prevengan la repetición de los hechos.
Además, Calderón Hinojosa dijo en su intervención que: «Más allá de nuestras limitaciones e insuficiencias, errores, la mayor amenaza en México a los derechos humanos es el crimen organizado.»
Con esta afirmación, el presidente no toma en cuenta que los delitos cometidos por actores del crimen organizado no pueden ser considerados como violaciones a los derechos humanos. Sólo el Estado, que por medio de sus instituciones es responsable de promover, proteger y respetar los derechos humanos, incurre en una violación cuando no cumple con sus obligaciones en la materia. Por violación a los derechos humanos debe entenderse toda conducta positiva o negativa mediante la cual un agente directo o indirecto del Estado vulnera, en cualquier persona y en cualquier tiempo, uno de los derechos enunciados y reconocidos por los instrumentos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En 2009, 11 periodistas fueron asesinados, varios de ellos presuntamente a manos de actores vinculados al crimen organizado. Frente a estas y otras agresiones, CENCOS recuerda que las actuaciones del Estado mexicano contra la delincuencia organizada deben apegarse a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada (Convención de Palermo), ratificada por México el 4 de marzo de 2003. En su ámbito de aplicación la Convención se centra en «la prevención, la investigación y el enjuiciamiento» (Artículo 3). Además, el Artículo 25 especifica: «Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para prestar asistencia y protección a las víctimas de los delitos comprendidos en la presente Convención, en particular en casos de amenaza de represalia o intimidación» y «establecerá procedimientos adecuados que permitan a las víctimas de los delitos (…) obtener indemnización y restitución».
