Espacio Público hace seguimiento a los bloqueos de funcionarios públicos en Twitter y otras formas de limitación al acceso a la información.
Este artículo fue publicado originalmente en espaciopublico.ong el 14 de septiembre de 2022.
Las redes sociales virtuales constituyen hoy uno de los ejes más importantes del debate público, ya que su estructura facilita el intercambio de información e ideas, por lo que se usan también para denunciar irregularidades, debatir, buscar soluciones a problemas sociales, criticar acuerdos o acciones estatales que se consideran injustas y hasta ilícitas.
En consecuencia, estos poderosos mecanismos de intercambio le brindan a la ciudadanía la oportunidad de sostener un diálogo directo con actores políticos, funcionarios y organismos gubernamentales que los representan.
Si bien estas herramientas significan una oportunidad para que periodistas, activistas y ciudadanía en general, interactúen, compartan, opinen, divulguen, critiquen y pregunten de manera directa; también representan una vía de riesgo para todo aquel que cuestione cualquier decisión gubernamental. Estas acciones, que se desprenden por opinar o criticar a través del mundo digital, también se ven traducidas en serias restricciones al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública en línea.
Patrón en ascenso
Desde el año 2009[1] se observan restricciones a la libre expresión en internet, pero fue en 2014 el primer año que registró una escalada en la cantidad de personas detenidas por hacer uso de la plataforma Twitter para criticar u objetar las acciones del gobierno oficialista, año que coincidió con un contexto de alta conflictividad social y política. En ese periodo, los contenidos publicados por las personas que fueron detenidas estuvieron relacionados con opiniones sobre temas políticos y la crisis nacional en sus diferentes tópicos, predicciones astrológicas, difusión de información pública, o casos de corrupción.[2]
Gráfico 1. Evolución del porcentaje de casos de violación a la libertad de expresión en internet respecto al total global de registros por año.
El registro[3] de los últimos cuatro años, apunta a un patrón restrictivo que limita la libre expresión y el acceso a la información. Del total de casos contabilizados entre 2018 y 2021, casi un cuarto[4] corresponden a restricciones en internet. La cantidad se elevó en el año 2021[5], cuando se registraron más de 100 casos, lo que equivale al 42,62% del total documentado en materia de libertad de expresión, incluidas las vulneraciones fuera de línea[6].
La reciente “Ley Antibloqueo”[7] y la “Ley contra el odio”[8] amparan acciones que incumplen las obligaciones nacionales e internacionales respecto a la libertad de expresión y acceso a la información pública. Solo en 2021 registramos 17 casos de «incitación al odio» o invocación de la ley contra el odio, esto sumó al menos 13 detenciones arbitrarias.
Este contexto sugiere que para evitar el cuestionamiento mediático, algunos funcionarios públicos en Venezuela deciden bloquear desde sus cuentas en Twitter a periodistas, ciudadanos, comunicadores y organizaciones, como parte de un patrón para silenciar críticas y reducir la transparencia, lo que en definitiva busca cerrar un mecanismo de debate, intercambio y participación, práctica que se aleja de principios auténticamente democráticos.
Estándares internacionales incluyen internet
La aplicación de los tratados, declaraciones e instrumentos en materia de libertad de expresión e información son extensibles a las plataformas, sistemas y mecanismos de comunicación digital o que se basen en internet. De manera que las obligaciones de garantía, protección y respeto de este derecho deben cumplirse también en línea[9].
A medida que avanza el desarrollo y los usos de internet, surgen desafíos normativos en vista de las condiciones específicas de las dinámicas digitales; sin embargo, los principios de promoción y defensa de la libertad de expresión deben enmarcar y atravesar, en cuanto a forma y fondo, cualquier propuesta de regulación.
Los Estados están obligados a respetar y proteger el derecho a la libertad de opinión y expresión, de acuerdo con la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
