El Estado venezolano ha cuadruplicado las peticiones a Telefónica España, casa matriz de Movistar Venezuela, para intervenir las comunicaciones móviles y fijas de ciudadanos en Venezuela.
Este artículo fue publicado originalmente en ipysvenezuela.org el 23 de junio de 2022.
El Estado venezolano ha cuadruplicado las peticiones a Telefónica España, casa matriz de Movistar Venezuela, para intervenir las comunicaciones móviles y fijas de ciudadanos en Venezuela. Así lo refleja el más reciente informe de la compañía española, en el que también admitió que en 2021 ejerció bloqueos a 27 dominios. Destacó que entre 2016 y 2021 le solicitaron un total de 3.5 millones de intercepciones telefónicas en el país. De esta cifra, Telefónica confirmó haber intervenido las comunicaciones de más de 1,5 millones de usuarios, número que representa más del 21 % del total de abonados reportados por la empresa para 2021.
De acuerdo con este Informe de Transparencia en las Comunicaciones 2021, la empresa de telecomunicaciones cedió al Estado venezolano a través de estas interceptaciones telefónicas los datos de tráfico en tiempo real de los usuarios. De igual forma, el reporte resalta que entregó a las autoridades venezolanas los metadatos asociados a las comunicaciones de 997.679 usuarios entre 2016 y 2021. Esto significa que a la par de la vigilancia en tiempo real, el Estado se hizo con los datos históricos de los usuarios referidos a nombres, direcciones, origen y el destino de sus comunicaciones, datos de temporalidad y duración de las comunicaciones, así como las localizaciones de los dispositivos y sus identidades (IMSI o IMEI).
Mientras que en 2016 se produjeron un total de 234.932 solicitudes, el informe destaca que cuatro años después, se registraron 861.004 que, según Telefónica, deben ser gestionadas en cumplimiento de la legislación nacional. La compañía refiere que entre las autoridades competentes que pueden realizar estas peticiones se encuentran el Ministerio Público a través de sus fiscales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Se refiere también a que una institución que ha solicitado intercepciones es la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). En el informe no se hace referencia de manera transparente si las órdenes estatales fueron emitidas por tribunales o por jueces, tal y como lo establece la legislación vigente.
De acuerdo con los datos del sector de telecomunicaciones publicados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) correspondientes al cuarto trimestre de 2020, Telefónica Movistar es el mayor prestador del servicio de comunicaciones móviles en el país con el 49,83 % del mercado. Le siguen Movilnet con el 25,14 % y Digitel con el 25,03 %.
El uso de la interceptación de las comunicaciones de los ciudadanos, de forma arbitraria y masiva, advierte riesgos importantes para el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales de los usuarios, pues constituye una violación de los estándares de derechos humanos que señalan que la buena gestión de información personal exigen el cumplimiento de los principios de legalidad y transparencia, proporcionalidad, minimización, seguridad, adecuación y responsabilidad.
Telefónica también bloquea
Telefónica España además reveló datos sobre las solicitudes de bloqueos y restricciones de contenidos en la web por parte de la Conatel a su empresa filial en Venezuela. Entre 2016 y 2021 la aplicación de restricciones se ejerció contra 1389 urls, siendo 2016 el año con más registros de estas peticiones de bloqueos con 1050.
Aunque para 2021 el registro de la empresa fue de solo 27 dominios bloqueados, IPYS Venezuela logró comprobar que hubo restricciones de acceso contra 33 urls de medios de comunicación durante ese año, número que deja en evidencia que los bloqueos a portales en Venezuela podrían ser mayores.
Desde 2017, IPYS Venezuela ha constatado bloqueos para acceder a portales de noticias desde las conexiones de Movistar, los cuales se han ejercido mayormente bajo la modalidad de bloqueos por DNS. Mediante la metodología del Observatorio de Intermitencias de Internet (OONI por sus siglas en inglés), esta organización también ha podido confirmar que en los últimos años dicha teleoperadora ha censurado los portales de más de 40 medios de comunicación en el país.
De acuerdo con las evidencias recabadas durante 2021, entre los medios más afectados por estos bloqueos selectivos que son ejercidos principalmente desde los servicios de internet, Cantv, Movistar y Digitel, se encuentran: VIVOplay, VPItv, NTN24, Noticia al Día, El Pitazo, Caraota Digital, Albertonews, Monitoreamos, Armando.Info, La Patilla, Efecto Cocuyo, Aporrea, 2001, Correo del Orinoco, Punto de Corte, Runrunes, Crónica Uno, El Cooperante, El Universal, Globovisión, El Nacional, Correo del Caroní, La Mañana, Sumarium, Infobae, El Tiempo, EVTV, y las páginas de las organizaciones Insight Crime, Acceso a la Justicia, y Mi Convive.
IPYS Venezuela ve con extrema preocupación estas prácticas de vigilancia estatal apoyadas en la acción conjunta con empresas privadas, que confirman el nivel de vulnerabilidad que poseen los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos civiles. Las cifras de Telefónica España evidencian que la vigilancia hacia los ciudadanos no es una práctica nueva del Estado venezolano, y resaltan por ser la primera empresa de telecomunicaciones en el país que reconoce la implementación de estas medidas abusivas.
La privacidad es un derecho fundamental y esencial para el libre y seguro ejercicio de la libertad de expresión. Es por ello que IPYS Venezuela plantea a continuación una serie de acciones que se deben implementar desde el Estado venezolano, las empresas de telecomunicaciones, la sociedad civil y la ciudadanía en general, para mejorar las condiciones del derecho a la privacidad de los usuarios y el acceso a la información pública a través de medios digitales en el país:
- Desarrollar un marco regulatorio que incluya la entrada en vigencia de una Ley de Protección de Datos Personales que se centre en los usuarios, que se base en los principios de minimización, calidad, transparencia, entre otros, y que establezca la creación de una autoridad nacional independiente y autónoma.
- Impulsar el desarrollo de mecanismos de transparencia y políticas de privacidad para las empresas vinculadas al sector tecnológico, y específicamente al manejo de información y de datos.
- Promover un mayor activismo en derechos digitales a través de la creación de redes de defensa y protección de información que tengan incidencia desde lo local hacia lo global.
- Poner en práctica mecanismos para la protección de datos personales como los de cifrado en las comunicaciones con el fin de que el usuario pueda resguardar su información ante empresas y gobiernos. Es recomendable el uso de aplicaciones de mensajería y llamadas por internet como Signal, y el uso de VPN.
- Eliminar las prácticas que deriven en bloqueos y censura de contenidos en Internet por parte del Estado, proveedores públicos y privados, e instancias de gestión de servicios de comunicaciones en Internet.
