Han sido más de 2.500 casos reportados y documentados. En conjunto constituyen la sistemática y masiva violación de Derechos Humanos por parte del Estado.
Este artículo fue publicado originalmente en fundamedios.org el 23 de septiembre de 2018.
Durante 11 años, Fundamedios ha trabajado en la recolección, sistematización y difusión de información, testimonios y contextos de las violaciones al derecho fundamental a la libertad de expresión.
Han sido más de 2.500 casos reportados y documentados. Muchísimos configuran en sí mismos gravísimas violaciones de Derechos Humanos pero, en conjunto, constituyen algo más execrable: la sistemática y masiva violación de Derechos Humanos, cometida por órdenes directas de los más altos funcionarios y ejecutadas por operadores que actuaron en todos los niveles del poder estatal.
Basta leer lo que dice el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Édison Lanza, en el informe preliminar tras su visita oficial al Ecuador en agosto pasado:
«Entre los años 2007 y 2017 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión documentó que el Gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Rafael Correa, diseñó e implementó una política sistemática para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar -mediante el uso del derecho penal y administrativo- a periodistas, medios de comunicación, defensores de Derechos Humanos y opositores políticos. Fueron objeto de especial persecución por este accionar coordinado desde el aparato estatal, periodistas que investigaban y difundían información que el Gobierno entendía falsa o contraria a sus intereses, líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y opositores que difundían opiniones e ideas contrarias al movimiento político que denominó la ‘revolución ciudadana'».
Y la descripción que hace el Informe de la Relatoría no deja lugar a más dudas de la verdadera naturaleza y dimensión de lo que sucedió en una década oprobiosa en Ecuador:
«De este modo, el espacio cívico y la esfera pública ecuatoriana fue duramente reprimida, en un contexto de control e injerencia del Ejecutivo sobre las instituciones de justicia y control que debían proteger los Derechos Humanos. La Relatoría Especial recibió durante su visita decenas de testimonios relativos a las presiones que recibieron fiscales y magistrados cuando debían decidir sobre casos denunciados por el Presidente de la República y otros altos funcionarios, al tiempo que el Consejo de la Judicatura inició un proceso para recuperar la verdad de lo sucedido con el aparato de justicia durante la última década.
No obstante, esta estrategia de ataque a prensa, defensores y opositores no se circunscribió solamente al ámbito judicial, también se utilizó el poder del Estado para estigmatizar y desacreditar. Ejemplo de esto fue el uso abusivo de la facultad legal de realizar cadenas nacionales; los actos o eventos encabezados por el Presidente de la República denominados ‘sabatinas’, que duraban horas, eran transmitidos en directo a través de los medios públicos y eran el escenario para desacreditar o someter a escarnio a periodistas, líderes sociales o disidentes. Es importante destacar que las organizaciones sindicales, de defensa de la tierra o las nacionalidades indígenas también fueron perseguidas, la personería jurídica de sus asociaciones anuladas y la protesta social fue reprimida mediante el uso de la fuerza».
Pero se debe tomar en cuenta otro factor: el ejercicio de la libertad de expresión es indispensable para la defensa de los otros Derechos Humanos. Las violaciones masivas y sistemáticas que se cometieron bajo el Gobierno de Rafael Correa no es más que el trasfondo para otras vulneraciones graves, tal como se comienza a visualizar con la información y testimonios que fluyen en la Mesa de Víctimas, conformada por el Consejo de la Judicatura. Ahí se examinará el papel del Sistema Judicial en la perpetración de persecuciones y violaciones de DDHH durante el correísmo.
Por eso el acto que hemos trabajado con la Defensoría del Pueblo. Este pedido de disculpas por la inacción institucional de la autoridad nacional de Derechos Humanos es un paso gigantesco para que las víctimas comiencen a ser escuchadas. En definitiva, ese es el sentido de una política de Memoria y Reparación. No cabe la venganza, sino la justicia.
Como dice el profesor Felipe Gómez Isa, «la mirada y la perspectiva de las víctimas se han convertido en un elemento esencial a la hora de abordar las violaciones graves y sistemáticas de los Derechos Humanos. Si tradicionalmente los protagonistas han sido el Estado y el victimario, normalmente un funcionario o un agente del Estado, ahora se observa un énfasis creciente en las víctimas y en todo lo que las rodea. Este novedoso proceso… está conduciendo a la necesidad de construir una cultura de la memoria que permita a las generaciones presentes construir un futuro en que el pasado no se repita. Es en el marco de esta concepción integral de la reparación donde cobran sentido las políticas de memoria, ya que la memoria y el recuerdo se convierten en un ingrediente esencial de la reparación que se debe a las víctimas».
Pese a la enormidad del gesto de la Defensoría del Pueblo y las acciones del Consejo de la Judicatura, aún no hemos llegado al momento en que el Estado y la sociedad ecuatoriana estén dispuestos a examinar integralmente las sistemáticas y masivas violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la última década.
Por eso desde Fundamedios seguiremos trabajando minuciosa y silenciosamente hasta lograr que las víctimas sean escuchadas, resarcidas; los culpables sometidos a la justicia y que como sociedad repitamos: «¡Nunca Más!».
