Reporteros sin Fronteras (RSF) está pidiendo al ministro de Justicia de Francia que enmiende la Ley de Procedimientos Penales después de que se supo que un juez francés ordeno a la unidad anti-terrorismo del Gobierno vigilar las conversaciones telefonicas de seis periodistas como parte de una investigacion de las actividades de un líder separatista militante […]
Reporteros sin Fronteras (RSF) está pidiendo al ministro de Justicia de Francia que enmiende la Ley de Procedimientos Penales después de que se supo que un juez francés ordeno a la unidad anti-terrorismo del Gobierno vigilar las conversaciones telefonicas de seis periodistas como parte de una investigacion de las actividades de un líder separatista militante en Corcega. El diario francés «Le Monde» informo el 30 de enero que el Servicio Nacional Antiterrorismo Francés (DNAT) estaba interviniendo el teléfono del reportero de Gamma Jean-Pierre Rey, la editora de Francia 2 Michèle Fines, la reportera de «París Match» Delphine Byrka, Jean-Michel Verne de «France-Soir» y los periodistas independientes de «Le Figaro» Guy Benhamou y Roger Auque desde 2000.
Índice de la Censura (INDEX) dice que el magistrado Jean-Louis Bruguière ordeno al DNAT vigilar a los periodistas como parte de una investigacion de las actividades de François Santoni, el principal oponente del proceso de paz en Corcega. Aunque fue asesinado en agosto de 2001, el Gobierno francés creía que había sido responsable del resurgimiento de la violencia en la isla en los dos años anteriores. INDEX señala que aunque el espionaje telefonico técnicamente no es ilegal, suscita temores de que los tribunales estén recurriendo con mayor frecuencia a estas medidas para obtener informacion de periodistas en casos políticos que las autoridades consideran «delicados». En 2001, 15 periodistas fueron detenidos para ser interrogados, acusados o condenados por los tribunales franceses en relacion con casos de ese tipo, dice RSF.
RSF dice que cada uno de los seis periodistas fue detenido por las autoridades para ser interrogado varias veces desde enero de 2000. En el caso de Rey, también fue interrogado durante casi cuatro días en septiembre de 2001. RSF dice que los tribunales franceses siguen dando prioridad al principio de presunta inocencia y la confidencialidad de las investigaciones, a pesar de fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tienden a favorecer los derechos de los periodistas para buscar y publicar informacion libremente.
En consecuencia, los periodistas que han informado de asuntos de interés público, como las ventas ilegales de armas a Angola hechas por el Gobierno o las transfusiones de sangre contaminada, fueron acusados o condenados por difamacion, dice RSF.
Para obtener más informacion, visite www.rsf.org/rsf/home.html y www.indexonline.org.
