Esta semana, la presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado presentó una denuncia por difamación e injurias contra el periodista Gabriel Pereyra por una columna de opinión publicada el 29 de julio en el diario El Observador.
Este artículo fue publicado originalmente en cainfo.org.uy el 4 de agosto de 2017.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) expresa su preocupación y rechazo ante la demanda penal que la presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, presentó contra el periodista Gabriel Pereyra con el objetivo de limitar su libertad de expresión.
Esta semana, Muñiz presentó una denuncia por difamación e injurias contra el periodista Gabriel Pereyra por una columna de opinión publicada el 29 de julio en el diario El Observador.
Recurrir a la justicia para realizar demandas de este tipo, es una de las formas de hostigamiento más comunes hacia los periodistas para intentar de esta manera amedrentar su trabajo. Recodamos además que las demandas a periodistas generan un efecto de amenaza y amedrentamiento contra todo el colectivo de periodistas, por lo cual tienen un efecto de disminución del flujo informativo respecto a los temas de interés público.
Desde que Cainfo comenzó a elaborar su monitoreo de amenazas a la libertad de expresión en el ejercicio de la profesión periodística en Uruguay (2014), se han registrado 16 casos de hostigamiento judicial.
Entre 2014 y marzo de 2015, se registraron nueve casos. Desde abril de 2015 a marzo de 2016, fueron cuatro los casos. En el último informe, que va de abril de 2016 a marzo de este año, se dieron tres casos.
Como lo señala la declaración de principios sobre libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los “funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.
Además, la ley uruguaya defiende el derecho a informar y opinar sobre las acciones de los funcionarios públicos. El artículo cuarto de la ley 18.515 establece que estará exento de responsabildiad penal quien “efectuare o difundiere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, referida tanto a funcionarios públicos como a personas que, or su profesión u oficio, tengan una exposición social de relevancia”.
El monitoreo sobre las amenazas a la libertad de expresión es realizado por CAinfo, con la colaboración de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el apoyo de la red Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX). Los informes completos están disponibles en www.monitoreo.cainfo.org.uy o www.cainfo.org.uy.
