El 25 de agosto de 2011, los medios de comunicación dieron a conocer el arresto de Maruchi Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, y su traslado a la capital del estado.
(ARTICLE 19/IFEX) – el 30 de agosto de 2011 – Después de que estuvieran circulando rumores sobre un posible ataque a una escuela primaria en la ciudad de Veracruz, Veracruz (Este), el gobernador Javier Duarte rechazó de manera tajante la información y condenó que estuviera circulando. Horas después, la Procuraduría General de Justicia de ese estado anunció su intención de presentar cargos de terrorismo en contra de los dueños de 17 cuentas de Twitter por difundirla. Varios de los inculpados lograron borrar sus cuentas, mientras que otros decidieron abandonar el estado. El 25 de agosto, los medios de comunicación dieron a conocer el arresto de Maruchi Bravo Pagola (@maruchibravo) y Gilberto Martínez Vera (@gilius_22), y su traslado a la capital del estado.
Bravo fue empleada del gobierno de Veracruz adscrita al Ministerio de Educación donde fungía como directora de actividades artísticas y culturales. Tanto Bravo como Martínez se declararon inocentes de todos los cargos. Unas horas más tarde, una carta de Bravo circulo en los medios de comunicación acusando a la Procuraduría de Justicia de someterla a maltratos psicológicos.
Las autoridades han rechazado las acusaciones de maltrato e insisten en que la investigación no constituye una violación al derecho a la libertad de expresión, sino más bien una acción decisiva para proteger a la gente de Veracruz de la desinformación y el terror. Sin embargo, mientras que los rumores circulaban, ninguna de las dos cuentas de Twitter del gobierno en materia de seguridad pública, ofrecieron con información que desestimara los rumores sino que se limitaron a reproducir el mensaje del gobernador condenando el «mal uso de las redes sociales para esparcir terror».
Los límites del ejercicio del derecho a la libertad de expresión están claramente definidos por el derecho internacional y no incluye la difusión de información falsa o sin confirmar. Una persona no puede estar sujeta a sanciones o restricciones por un delito en contra de la seguridad relacionado con la libertad de expresión o información cuyos castigos sean desproporcionales a la gravedad del delito real. El Código Penal de Veracruz, contempla una pena de prisión de 9 a 30 años.
Además de las detenciones de Martínez y Bravo, 4 periodistas han sido asesinados en los últimos 4 meses, lo cual es un indicador del peligro en el que la libertad de expresión se ejerce en el estado de Veracruz.
Hacemos un llamado al gobernador Duarte para que se abstenga de interferir en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, lo cual incluye la restricción de este derecho de manera injustificada y desproporcionada en el terreno de la seguridad nacional y seguridad pública.
Al mismo tiempo hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que verifique las condiciones de arresto de Bravo y Martínez, así como para corroborar que su derecho al debido proceso se ha respetado.
