Noviembre de 2024 en Europa y Asia Central: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de miembros de IFEX y artículos periodísticos de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Alemania se muestra vacilante en su compromiso con la justicia internacional e intensifica sus esfuerzos para silenciar las críticas a Israel; la elección de Trump pone el foco en la seguridad de los periodistas en Europa; en Bielorrusia se anticipa una ola de represión antes de las elecciones presidenciales de enero; mil días de guerra dejan como saldo daños devastadores a los medios de comunicación ucranianos; se insta a los Estados de la UE a tomar medidas ante el ciberacoso de las mujeres periodistas.
Combatir el antisemitismo con ataques a la libertad de expresión y los inmigrantes
Como señala Human Rights Watch (HRW) en un documento explicativo reciente, cuando la Corte Penal Internacional (CPI) emite una orden de arresto todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) están obligados a hacerla cumplir en su territorio.
Sin embargo, cuando se les preguntó acerca de la orden de detención que la CPI dictó este mes contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, requerido por “crímenes de lesa humanidad”, algunos miembros de la UE se negaron a comprometerse a arrestarlo.
Uno de ellos fue Alemania, que, a la vez que vacilaba respecto al cumplimiento de sus compromisos en materia de justicia internacional, no cejaba en sus esfuerzos por restringir el espacio cívico en su país para resguardar a Israel de críticas legítimas.
Fruto de estos esfuerzos, a principios de noviembre el Bundestag (o parlamento federal alemán) adoptó una resolución que, si bien pretende combatir el antisemitismo en Alemania, en los hechos atenta contra las organizaciones de la sociedad civil, la libertad de expresión y la libertad de reunión.
Con el título de “Nunca más es ahora: proteger, preservar y fortalecer la vida judía en Alemania”, esta resolución no vinculante pide que se apliquen recortes en la financiación estatal, así como proscripciones, a grupos o proyectos que promuevan boicots contra Israel, apoyen el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) o “cuestionen” el derecho de Israel a existir. La resolución es el resultado de varios meses de deliberaciones a puerta cerrada entre el gobierno de la coalición de centro-izquierda y la oposición de centro-derecha. El único voto en contra fue el del partido populista de izquierda Alianza Sahra Wagenknecht (BSW).
La resolución liga la financiación estatal a la controvertida definición de antisemitismo acuñada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por su siglas en inglés), que ha sido adoptada o respaldada por 43 países (incluido Alemania). Desde grupos de derechos humanos se ha insistido en que la definición es utilizada para equiparar las críticas al gobierno de Israel con el antisemitismo y restringir ilegítimamente la libertad de expresión.
Entre los ejemplos de antisemitismo que plantea la definición, hay dos que suelen señalarse como particularmente problemáticos.
El primero de ellos – “negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación, afirmando, por ejemplo, que la existencia de un Estado de Israel es un proyecto racista” – significa que cualquier persona u organización que critique las actuales prácticas de apartheid del Estado de Israel (reconocidas como tales por la Corte Internacional de Justicia, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967 y varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch y Amnistía Internacional) puede ser acusada de antisemita.
La segunda – “aplicar una doble moral al exigir de [Israel] un comportamiento que no se espera ni se exige de ninguna otra nación democrática” – también abre la puerta a acusaciones de antisemitismo contra cualquier persona u organización que critique la ocupación o se centre en los abusos de derechos cometidos por Israel sin condenar violaciones peores en otros países.
Entre quienes advierten que la definición de antisemitismo de la IHRA se podría estar “usando como arma” para “inhibir” las críticas a Israel está el autor principal de esa definición.
Como responsable del Holocausto, Alemania ha hecho de la protección de Israel y los judíos su “Staatsräson” (o razón de Estado), y políticos de todos los partidos aceptan esta singular obligación autoimpuesta. En 2019, el Bundestag aprobó una resolución que calificaba al movimiento BDS de antisemita. Las críticas a Israel, especialmente desde que comenzó el bombardeo israelí de Gaza en octubre de 2023, se suelen interpretar como antisemitas, y la vigilancia policial de eventos pacíficos en los que se critica a Israel se traduce muchas veces en atropellos a la libertad de expresión y los derechos de libre reunión. Este año, en su afán por sofocar las protestas propalestinas y acallar las críticas a Israel, las autoridades alemanas le prohibieron el ingreso al país al ex ministro de finanzas de Grecia, deportaron a un eminente cirujano palestino, detuvieron a niños pequeños, golpearon brutalmente a numerosos manifestantes, allanaron las viviendas de activistas propalestinos y clausuraron centros de apoyo feminista-queer.
Los críticos de la nueva resolución sostienen que provocará un aumento de la autocensura en un momento en que defensores de derechos, artistas e intelectuales propalestinos en Alemania ya se ven presionados a no alzar sus voces. En los últimos trece meses hubo varios casos destacados de personas censuradas o excluidas de plataformas de internet (una práctica conocida como “desplataformización”) por sus críticas a Israel o por acusaciones infundadas de antisemitismo. El 25 % de los censurados por esos motivos en 2023 eran judíos. En octubre de 2024, un grupo de intelectuales judíos en Alemania publicó una carta condenando los intentos de las autoridades alemanas por reprimir las críticas a las acciones de Israel en Gaza:
“Con la actual supresión de la libertad de expresión, tememos que el clima en Alemania se haya vuelto más peligroso que en cualquier otro momento de la historia reciente del país, tanto para judíos como para musulmanes. Condenamos estos actos cometidos en nuestro nombre”.
Carta pública firmada por intelectuales judíos en Alemania
En otra carta publicada en agosto de 2024, más de 150 artistas e intelectuales judíos criticaron la nueva resolución (que en ese momento era todavía un proyecto de resolución) por confundir críticas a Israel con antisemitismo y obsesionarse “con los artistas, estudiantes e inmigrantes como los perpetradores más peligrosos del antisemitismo en el país”. (Estadísticas recientes muestran que la gran mayoría de los crímenes antisemitas son cometidos por la extrema derecha alemana autóctona).
El texto definitivo de la resolución – respaldada por el partido antiinmigrante e islamófobo de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) – culpa explícitamente a los migrantes musulmanes por el antisemitismo. Según el texto (citado en la Deutsche Welle), “se ha hecho evidente la magnitud alarmante del antisemitismo impulsado por la inmigración proveniente de países del norte de África y Oriente Medio, donde el antisemitismo y la hostilidad hacia Israel están muy extendidos, en parte debido al adoctrinamiento islamista y antisemita de los Estados”. La resolución pide además que “la estrategia nacional contra el antisemitismo” se aplique “en el derecho penal, así como en las leyes de residencia, asilo y ciudadanía”.
Poco después de que el Bundestag adoptara la resolución, la fundación alemana Schelling Architekturstiftung rescindió un premio de 10.000 euros que había otorgado a James Bridle, artista de Gran Bretaña que usa pronombres neutros, después de que firmara una petición pidiendo que se boicoteara a las “instituciones culturales israelíes que son cómplices de la abrumadora opresión de los palestinos o no se han pronunciado en contra de ella”. Al comunicar su decisión a Bridle, la fundación citó como fundamento la nueva resolución sobre antisemitismo.
Según RIAS, el organismo alemán de vigilancia del antisemitismo, el año pasado hubo un aumento del 83 %de incidentes antisemitas en Alemania.
Por su parte, una ONG que monitorea la islamofobia y el odio antimusulmán en Alemania registró un aumento del 114 % en los ataques a musulmanes en ese mismo período.
La reelección de Trump pone la seguridad de los periodistas en el centro de la atención
En noviembre, Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos. Trump es conocido por su extremadamente hostil retórica contra la prensa y en su mandato anterior envalentonó a líderes autoritarios y otras personas de todo el mundo a atacar a periodistas y críticos. En reacción a la reelección de Trump, la Federación Europea de Periodistas (EFJ, por sus siglas en inglés) emitió una declaración pidiendo mayor protección para los periodistas en Europa y advirtiendo sobre los riesgos para la libertad de expresión y el acceso a la información que plantea la incorporación de Elon Musk a la administración de Trump. El secretario general de la EFJ, Ricardo Gutiérrez, señaló:
“El elemento más preocupante, en mi opinión, es la connivencia entre el presidente de la mayor potencia del mundo y el hombre más rico del planeta, Elon Musk, que tiene una alarmante capacidad para controlar la opinión pública a través de las redes sociales. Emerge como un actor político particularmente influyente de la extrema derecha. Ahora urge que la Unión Europea (UE), como potencia regional, regule el dominio de las grandes compañías tecnológicas estadounidenses y asiáticas, mediante la Ley de Mercados Digitales (LMD) de la UE y la Ley de Servicios Digitales (LSD) de la UE”.
Ricardo Gutiérrez de la EFJ
El 2 de noviembre, pocos días antes de la victoria electoral de Trump, la EFJ conmemoró el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas recordándonos los peligros constantes que corren los periodistas en todo el continente y la impunidad de la que gozan muchos de los que los atacan y matan. La EFJ destacó seis casos de asesinato en los que no se había hecho justicia, o que quedaron parcialmente impunes: Daphne Caruana Galizia (Malta), Giorgos Karaivaz (Grecia), Jan Kuciak (Eslovaquia), Slavko Ćuruvija (Serbia), Martin O’Hagan (Irlanda del Norte) y Hrant Dink (Turquía). El país europeo con el peor historial de impunidad, según la EFJ, es Kósovo, donde entre 1998 y 2005 fueron asesinados, secuestrados o desaparecidos 19 periodistas serbios o albaneses.
Se agudiza la represión ante las elecciones en Bielorrusia
Con las elecciones presidenciales de Bielorrusia programadas para el 26 de enero de 2025, se intensifica la persecución de las voces críticas.
A principios de noviembre más de 100 personas fueron detenidas en todo el país. Según el grupo de derechos humanos Viasna, muchas de estas personas fueron perseguidas por participar en grupos de chat en línea creados por residentes de bloques de apartamentos. Este tipo de grupos de chat se popularizaron en 2020, al brindar a los ciudadanos una forma para comunicarse en privado, organizarse y protegerse durante la ola masiva de represión que siguió a las elecciones presidenciales manipuladas de agosto de ese año.
Como lo demuestran las desoladoras estadísticas, esa represión ha continuado sin cesar:
- Actualmente hay más de 280 presos políticos, de los cuales 36 son periodistas.
- Desde el año 2020, más de 200 personas fueron condenadas por “calumniar” e “insultar” al presidente Alexander Lukashenka.
- Al menos 838 organizaciones de la sociedad civil fueron obligadas a disolverse u optaron por hacerlo ellas mismas bajo presión.
- Todos los candidatos presidenciales que disputaron la elección con Lukashenka en 2020 y fueron encarcelados se encuentran actualmente recluidos en régimen de incomunicación.
En noviembre, la Asociación de Periodistas de Bielorrusia (BAJ, por su siglas en inglés) lanzó “Palabra tras las rejas”, una campaña de video en las redes sociales para sensibilizar sobre la difícil situación de los periodistas encarcelados en Bielorrusia. Los videos (que se pueden ver aquí) destacan casos individuales en los que periodistas han sido encarcelados por razones políticas.
Continúa el Maratón de Solidaridad de la BAJ para periodistas encarcelados y en noviembre se realizaron acciones de solidaridad en Estonia.
En breve
En noviembre, miembros de IFEX conmemoraron los mil días de la invasión rusa a Ucrania. El Instituto de Información de Masas (IMI, por su siglas en inglés) emitió un comunicado resaltando los efectos devastadores de la guerra de Rusia en la prensa de Ucrania, que ha obligado a cerrar a 329 medios de comunicación. Los miembros de la plataforma Media Freedom Rapid Response destacaron a los 13 periodistas asesinados en el ejercicio de su labor y a las decenas de reporteros que han resultado heridos. También este mes, el IMI publicó una lista de 112 periodistas ucranianos y extranjeros que han sido “detenidos o tomados como rehenes por fuerzas rusas y prorrusas” desde que comenzó la agresión de Rusia en 2014. Treinta de ellos todavía están bajo custodia rusa.
El 25 de noviembre, en ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Reporteros sin Fronteras instó a los Estados miembros de la UE a aplicar sin demora una Directiva sobre el combate a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica adoptada en 2022. La Directiva tipifica como delito el ciberacoso contra las mujeres y reconoce que existe un mayor riesgo de daño cuando la ciberviolencia se ejerce contra categorías específicas de mujeres, como las periodistas.
IFEX se sumó a la Coalición Contra SLAPP en Europa (CASE), Free Press Unlimited y varias organizaciones de defensa de la libertad de prensa en una declaración en la que expresamos inquietudes respecto al proyecto de implementación de la directiva europea anti-SLAPP en los Países Bajos. La declaración demuestra cómo el proyecto de ley de implementación neerlandés no proporciona salvaguardias suficientes para proteger a los periodistas de las demandas judiciales contra la participación pública (SLAPP) y formula recomendaciones para medidas más efectivas.
El Instituto Internacional de Prensa, el medio croata de verificación de datos Faktograf y el periódico alemán taz lanzaron una nueva plataforma que documenta campañas de desinformación dirigidas a periodistas y medios de comunicación en Europa.