El mes de abril de 2019 cerró con un saldo de 90 denuncias de violaciones del derecho a la libertad de expresión, que ocurrieron en 45 eventos.
Este artículo fue publicado originalmente en espaciopublico.ong el 10 de mayo de 2019.
El mes de abril de 2019 cerró con un saldo de 90 denuncias de violaciones del derecho a la libertad de expresión, que ocurrieron en 45 eventos. La mayoría de las víctimas fueron periodistas (24) y el total (54) incluye a seis páginas o plataformas web afectadas, lo que incluye el bloqueo de redes sociales durante alocuciones políticas de oposición a Nicolás Maduro. Los cuerpos de seguridad, instituciones y funcionarios del Estado son los principales responsables de las vulneraciones del derecho, sumando el 66,5% de los victimarios.
El bloqueo informativo no permitió que los canales de señal abierta Televen, Globovisión, Venevisión y Tves transmitieran información sobre lo que ocurrió en las calles venezolanas, lo mismo sucedió con las principales emisoras de radio, sumando a las restricciones del servicio de telefonía móvil y fija provisto por la estatal de telecomunicaciones Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), que en ocasiones impedía a los ciudadanos conectarse a internet a través de ABA y acceder a Twitter, Facebook, Instagram y la plataforma de videos YouTube por donde los canales de tv digital realizan transmisiones en vivo.
Restricciones en el dial
En abril las emisoras venezolanas fueron víctimas de restricciones a la libertad de expresión en al menos cinco ocasiones. Continúan las trabas administrativas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que degeneran en el cierre de emisoras, además de los exhortos que emiten para que no haya espacios sobre diversos temas políticos al aire. La violencia en contra de emisoras se suma a la imposibilidad de reposición de equipos para mantener las transmisiones a causa de la hyperinflación, y limitaciones de acceso regular a divisas para la importación de piezas que no se producen en Venezuela.
La emisora más antigua de Venezuela, Radio Caracas Radio 750 AM, cerró el 30 de abril pues Conatel emitió un oficio donde negaba la renovación de los “títulos administrativos de concesión para la operación” 17 años después de iniciado el procedimiento. En el documento de seis páginas, además de negarle la concesión, se les ordena el “CESE INMEDIATO” de las operaciones y se declara concluido el procedimiento de transformación de títulos, iniciado por RCR el 15 de junio de 2002.
Conatel también dejó fuera del aire a la emisora Ambiente 96.1 FM, del estado Guárico. La mañana del 17 de abril, funcionarios del ente regulador visitaron la emisora y decomisaron los transmisores, computadoras, procesadores y otros equipos de la cabina argumentando que las actas constitutivas de la empresa presentaban irregularidades, pues la concesión de la emisora está a nombre de una persona diferente a la que la regenta. Ambiente 96.1 FM lleva siete años realizando trámites ante Conatel para corregir los documentos y a la fecha del cierre no habían tenido respuesta.
El 5 de abril la emisora Ritmo Stéreo 99.5 FM del estado Mérida, quedó fuera del aire por la quema de su transmisor principal. Hazael Molina y Jhonny Javier Molina, directores de la planta radial, señalaron que el dial estará fuera del aire hasta tanto llegue el repuesto y puedan reparar el equipo, siendo afectados 22 empleados.
En el estado Apure atacaron las rejas de seguridad de Radio Criolla 92.9 FM el 24 de abril; José Galindo, propietario de la emisora, indicó que a los candados les reventaron la estructura metálica sin lograr abrirlos y explicó: “no pudieron acceder por la doble seguridad que existe. Nuestra emisora es la única del municipio que tiene programas de opinión e información y por esto ha sido amenazada por el Alcalde Municipal y concejales porque no estamos ocultando la situación que pasa en nuestra región (…) La sede de esta emisora está solo a 25-30 metros de la estación policial y nadie vio ni escuchó nada”.
Al equipo de Rumberísima 91.9 FM, en Mérida, les hurtaron micrófonos, cables, audífonos profesionales y un cargador el 13 de abril, mientras culminaban la transmisión de un partido de fútbol en el Estadio Metropolitano. La maleta que contenía los equipos desapareció cuando “el técnico estaba haciendo un trabajo para cerrar la transmisión porque había cadena presidencial”, según informó Emilio Zapata. El personal de seguridad no les permitió ver los videos que permitirían conocer a el o los responsables del hecho.
Menos vías para conseguir las noticias
El 30 de abril Conatel sacó de la parrilla de las cableras a los canales internacionales BBC y CNN. Mientras transcurría el día, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reprimieron las manifestaciones en Caracas y varios estados del país, convocadas en contra de Nicolás Maduro. Los canales internacionales transmitían en un operativo especial lo que sucedió en las calles y como una tanqueta de la GNB atropelló intencionalmente a un grupo de ciudadanos que protestaban en La Carlota, Caracas, así como material que mostraba a grupos civiles armados disparando contra manifestantes en la avenida Francisco de Miranda, también en la capital.
Durante las protestas del 30 de abril el observatorio de internet Ve Sin Filtro confirmó el bloqueo por ISP de la plataforma de videos YouTube a través del servicio ABA de Cantv. Según el reporte esta restricción afectó otros servicios de Google, cuando portales de televisión digital transmitían vía streaming la sublevación de funcionarios militares. En la tarde la organización también confirmó el bloqueo de Twitter, Instagram y Periscope.
La conexión a Internet del proveedor estatal se ha visto afectada y reducida en todo el país, diferentes reportes anuncian las fallas del servicio que limitan la posibilidad de informarse a quienes se conectan a la web en búsqueda de noticias. Adicionalmente quienes cuentan con ingresos básicos se ven impedidos de pagar planes de datos móviles que les permitan conectarse a Internet desde sus celulares sin restricciones.
Durante la cobertura
Fotografiar, tomar testimonios y conocer de primera mano lo que sucede en el país implica un riesgo mayor cuando se hace como trabajadores de la prensa: detenciones, retenciones, agresiones, robos y hostigamiento son parte de los obstáculos que deben enfrentar para comunicar lo que sucede en Venezuela. Tan solo durante la jornada de manifestaciones del 30 de abril Espacio Público registró 12 eventos en los que camarógrafos y periodistas fueron víctimas de la fuerza pública, funcionarios y personas violentas.
El 4 de abril, en Maracaibo, cuatro periodistas del equipo de Venezolanos por la Información (VPITv) y de TV Venezuela fueron retenidos por la guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras realizaban la cobertura periodística de una manifestación por falta de energía eléctrica y agua: “nos golpearon el carro, nos obligaron a bajarnos e identificarnos” señaló Gerard Torres, y además les amenazaron con quitarles sus equipos de trabajo.
El periodista de la agencia de noticias Venepress, Frank Thomas, fue retenido el 18 de abril por la GNB mientras hacía cobertura de la entrega de ayuda humanitaria por parte de la Cruz Roja a los habitantes de la urbanización Bellas Artes, en Caracas. El mismo día la GNB también retuvo en el Aeropuerto de Maiquetía a la periodista sueca Annika Hernroth-Rothstein cuando se disponía a ingresar al país, más tarde fue deportada, le quitaron sus equipos y sus documentos personales. Annika había denunciado en febrero el robo y ataque de civiles armados mientras realizaba la cobertura de la entrada del apoyo internacional con fines humanitarios.
En Trujillo funcionarios policiales persiguieron y hostigaron a la periodista Fabiola Matheus, del diario El Tiempo, cuando entrevistaba a varios dueños de comercios por la falta de electricidad, el 12 de abril.
La periodista Elsy García, fue impactada en su pierna izquierda por una bomba lacrimógena cuando cubría una marcha que fue reprimida por efectivos de la GNB en la avenida Bella Vista de Maracaibo, estado Zulia, el 6 de abril. Le dispararon al ver que era periodista y, después de huir corriendo fue alcanzada por cuatro guardias, la apuntaron y uno de ellos le dijo: “¡güevona, párate!”. Logró salir del lugar cuando un señor desconocido la auxilió.
Funcionarios de la GNB también atacaron y robaron a la periodista María Carolina Quintero, corresponsal del canal Venezolanos por la Información (VPITv) en la misma cobertura. Quintero narró que los militares la agredieron físicamente, le robaron su teléfono celular con el que estaba realizando la cobertura, y la amenazaron con detenerla o quitarle la vida.
Restricciones en aumento al final del mes
La madrugada del 30 de abril el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, anunció desde la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, en Caracas, el inicio de la última fase de lo que llama Operación Libertad, un plan para lograr «el cese definitivo de la usurpación». Junto a Leopoldo López, y un grupo de militares y civiles Guaidó llamó a los ciudadanos a acompañar las protestas y acciones emprendidas para lograr la restitución del hilo constitucional.
Durante el día, Espacio Público registró al menos 17 casos de violación a la libertad de expresión en un contexto en el cual ciudadanos en 65 ciudades de los 23 estados del país se movilizaron en apoyo a la Operación Libertad. Durante la cobertura de los hechos al menos tres trabajadores de los medios resultaron heridos, otros fueron hostigados por personas que protestaban, y efectivos del Sebin y de la GNB retuvieron a trabajadores de diferentes medios de comunicación en varios estados del país.
El bloqueo informativo no permitió que los canales de señal abierta Televen, Globovisión, Venevisión y Tves transmitieran información sobre lo que ocurrió en las calles venezolanas, lo mismo ocurrió con las principales emisoras de radio, sumando a las restricciones del servicio de telefonía móvil y fija provisto por la estatal de telecomunicaciones Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), que impedían a los ciudadanos conectarse a internet a través de ABA y acceder a Twitter, Facebook, Instagram y la plataforma de videos YouTube por donde los canales de tv digital realizan transmisiones en vivo.
Protección desde la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó al periodista y defensor de derechos humanos, Luis Carlos Díaz y a su núcleo familiar una medida cautelar de protección e instó al Estado venezolano a adoptar las medidas necesarias para garantizar que pueda desarrollar sus actividades periodísticas sin el temor de que pueda ser víctima de intimidación o amenazas.
Luis Carlos Díaz, fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), luego de su salida de la sede de Unión Radio, a las 5:30 de la tarde, en Caracas el pasado 11 de marzo. Fue excarcelado luego de haber sido detenido arbitrariamente, desaparecido y presentado ante Tribunales en un proceso donde se le acusó de “instigación pública” por ejercer su derecho a la libre expresión y se le impuso prohibición de salida del país, de declarar a los medios sobre su caso, y régimen de presentación.
