El homicidio de dos periodistas en un lapso de cuatro días en Honduras alerta sobre la necesidad urgente de contar con medidas de protección más efectivas para trabajadores de medios de comunicación, señaló hoy PEN Internacional. El periodista Hernán Cruz Barnica, quien trabajaba en una estación de radio comunitaria, fue asesinado en el departamento de […]
El homicidio de dos periodistas en un lapso de cuatro días en Honduras alerta sobre la necesidad urgente de contar con medidas de protección más efectivas para trabajadores de medios de comunicación, señaló hoy PEN Internacional. El periodista Hernán Cruz Barnica, quien trabajaba en una estación de radio comunitaria, fue asesinado en el departamento de Copán el 28 de mayo, mientras que el disc jockey Óscar Anthony Torres Martínez fue asesinado en el departamento de Olancho el 1 de junio de 2014.
Se trata de los primeros periodistas asesinados en el país desde que asumió el presidente Juan Orlando Hernández en enero de 2014. PEN manifiesta su consternación ante el persistente clima de temor y persecución que enfrentan a diario periodistas hondureños. La organización exige que las autoridades acaben de una vez por todas con el legado de impunidad que existe en el país, impulsando una investigación exhaustiva, imparcial e independiente de estos y los demás homicidios de periodistas, lo que incluye la consideración cabal de cualquier posible vínculo con la profesión de las víctimas, y llevando a todos los responsables ante la justicia.
“Estos últimos homicidios evidencian que el Estado hondureño deberá actuar de manera mucho más activa para proteger a sus periodistas”, indicó Marian Botsford Fraser, presidenta del Comité de Escritores en Prisión. “Es fundamental que el Estado instale mecanismos de protección efectivos para periodistas y defensores de derechos humanos y, a la vez, mejore la implementación de medidas cautelares dictadas por la CIDH”.
Hernán Cruz Barnica, quien conducía “Otro Nivel”, un programa cotidiano que a menudo trataba temas de derechos humanos a nivel local y se transmitía por la estación Radio Opoa, La Voz de la Esperanza, murió a causa de una agresión armada perpetrada el 28 de mayo de 2014 en el departamento de Copán. Radio Opoa fue creada en julio de 2013 por “Los Chuñas de Opoa”, un movimiento social fundado conjuntamente por Cruz en 2009. Además de miembro activo de su comunidad, Cruz también se desempeñó como juez de paz, coordinador y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) en Opoa, integrante de Libertad y Refundación (LIBRE), el brazo político del FNRP, y como conductor de taxi.
Según información a la cual accedió PEN, la noche del asesinato, Cruz había hablado en su programa sobre problemas de derechos humanos en la región, y comentó que recientemente había recibido amenazas. Se cree que habría recogido a un pasajero en su taxi poco antes de haber sido hallado muerto, con tres impactos de bala en la cabeza.
Óscar Anthony Torres Martínez, locutor de diversos programas en las estaciones de radio locales Patuca Stereo y Doble M Stereo, que transmiten una programación musical, murió como resultado de una agresión armada el 1 de junio de 2014 en Palestina, departamento de Olancho. Las autoridades supuestamente estarían trabajando en la hipótesis de que Torres, de 24 años, fue víctima de un robo violento, debido a que cuando se halló su cuerpo, el interior de los bolsillos de sus prendas se encontraban salidos hacia afuera y no se encontraron objetos de valor.
Los asesinatos se produjeron a menos de dos meses del homicidio del trabajador de medios Carlos Hilario Mejía Orellana, quien fue apuñalado en su vivienda el 11 de abril. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dispuesto en reiteradas ocasiones que el gobierno hondureño debía brindar protección a Mejía; sin embargo, el Estado no adoptó medidas que garantizaran su protección efectiva.
A seis meses del hecho, tampoco se ha esclarecido el caso de Juan Carlos Argeñal Medina, el último de los periodistas que fue asesinado durante el gobierno de Porfirio Lobo. El hermano del periodista, Mario Argeñal, ha reclamado justicia enérgicamente por el asesinato, y ha sido objeto de actos de intimidación y vigilancia. Juan Carlos Argeñal Medina, quien murió en su vivienda a causa de disparos efectuados por agresores no identificados en diciembre de 2013, había difundido noticias sobre corrupción en el gobierno local a través de los medios Vida Televisión, Globo TV y Radio Globo durante los meses previos a su muerte.
Según información recabada por PEN, al menos 40 periodistas habrían sido asesinados desde 2003, y 34 de ellos desde el golpe de estado de junio de 2009. De estos casos, en solamente 10 se han iniciado procesos penales, y tan solo 4 han dado lugar a condenas, conforme surge de datos aportados por el gobierno durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada el 25 de marzo de 2014, y en la cual PEN Internacional, PEN Canadá y el Programa Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Toronto presentaron el informe conjunto Honduras: Periodismo a la sombra de la impunidad. Por lo tanto, la impunidad continúa prevaleciendo en el 90 por ciento de los casos de homicidios de periodistas, una proporción absolutamente alarmante que también ha sido confirmada en un informe del nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en ocasión del Día del Periodista Hondureño (25 de mayo).
Asimismo, podría considerarse que numerosos homicidios en los cuales se dictaron condenas solamente han sido esclarecidos de manera parcial, debido a que las autoridades no han juzgado a los autores intelectuales, o aquellos que ordenaron la comisión del delito. Uno de esos ejemplos es el asesinato del periodista hondureño Alfredo Villatoro: si bien se ha condenado a tres hombres por este homicidio, el autor intelectual aún continúa prófugo de la justicia. En el caso de Villatoro, PEN expresa particular consternación ante la constante postergación de la individualización de la pena que se impondrá a los tres condenados. PEN insta a las autoridades hondureñas a asegurar que todos los responsables de asesinatos de periodistas, incluidos los autores intelectuales, sean llevados ante la justicia.
Persisten en Honduras los ataques y actos de intimidación contra periodistas. El mes pasado, PEN Internacional se sumó a los reclamos de la defensora de derechos humanos y periodista Dina Meza y la abogada Kenia Oliva Cardona, quienes instaron a la CIDH a que exhortara al gobierno hondureño a proteger al presentador de noticias de televisión Julio Ernesto Alvarado, quien ha sufrido años de amenazas y persecución judicial. A la luz de estos actos de intimidación contra periodistas, PEN llama a las autoridades a establecer un mecanismo de protección efectivo mediante un proceso de plena consulta con la sociedad civil.
