La Coalicion Contra la Impunidad repudia manipulación judicial que criminaliza a defensores ambientalistas.
Este artículo fue publicado originalmente en clibrehonduras.com el 22 de febrero de 2019.
Las organizaciones que conformamos la Coalición contra la Impunidad repudiamos y denunciamos la manipulación del sistema de justicia penal para criminalizar los liderazgos de la lucha a favor del agua y de la vida de la comunidad de Guapinol, organizados en el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales.
1. Denunciamos que el conflicto en la comunidad de Guapinol se origina por la ilegalidad de la concesión de explotación minera a la empresa Inversiones Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, ya que dicho proyecto afecta el Parque Nacional «Montaña de Botaderos», renombrado posteriormente «Carlos Escaleras Mejía». Resaltamos que este parque es un área protegida en donde, de acuerdo con la legislación nacional, está prohibido realizar actividades mineras y construir carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos y zonas de riesgo, dado que constituye una zona de recarga hídrica y de toma de agua donde se abastecen una decena de comunidades del municipio de Tocoa, Colón.
2. Recriminamos que el Congreso Nacional aprobó un proyecto de decreto presentado por el diputado Ricardo Díaz para reformar el Decreto 127-2012, que contiene la declaratoria del parque como área protegida. Este decreto fue presentado fraudulentamente bajo la idea de la necesidad de ampliar la zona de amortiguamiento, sin embargo, la finalidad oculta de la reforma fue reducir la zona núcleo de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36, es decir, una reducción de 217.34 hectáreas.
3. Denunciamos que a pesar de que en el año 2014 el Instituto de Conservación Forestal (ICF) emitió el dictamen técnico DAP-031-2014 declarando que el proyecto minero no es factible por estar ubicado dentro de la zona núcleo de una área protegida y recomendó a la Secretaría de Recursos Naturales declarar sin lugar la licencia ambiental, la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) emitió el Informe y Dictamen Técnico N° 713/2014 en el que determinó la viabilidad ambiental del proyecto minero. Posteriormente, el 23 de junio de 2014 el ICF emitió un nuevo dictamen técnico OL-TOCOAMDF-042-2014 en el cual concluyó que el proyecto es factible, después que el abogado de la empresa, Miguel Sánchez, solicitara se dejara sin valor y efecto el dictamen anterior del ICF.
4. Repudiamos el papel inquisidor y parcializado de los fiscales del Ministerio Público quienes en vez de investigar la ilegalidad de la concesión y deducir las responsabilidades penales correspondientes a todos los funcionarios responsables, acusaron criminalmente a 18 pobladores y pobladoras por defender la vida mediante su oposición al proyecto minero ilegal en el marco de su derecho constitucional a la protesta pacífica. Resaltamos que este uso indebido del derecho penal y la apertura de los procesos criminales representa un paso más en la escalada de criminalización que han sufrido las personas y organizaciones que integran el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales, quienes han sufrido campañas de descalificación, represión directa de parte de policías y militares, hostigamientos, amenazas y ataques que ponen en riesgo su vida e integridad.
5. Denunciamos que inicialmente las defensoras y defensores fueron acusados por el Ministerio Público por el delito de usurpación y daños, y que un juzgado de Jurisdicción Nacional libró órdenes de captura en contra de ellos y ellas, pese a que este tipo de tribunales fue creado para perseguir delitos de criminalidad organizada. Debido a que el Ministerio Público declaró que no había otros requerimientos fiscales contra estas personas, se tomó la decisión de presentarlas voluntariamente, sin embargo, al momento de la presentación el día de hoy 22 de febrero en los tribunales de La Ceiba, se les sorprendió con la existencia de otros requerimientos por los delitos de privación injusta de la libertad, incendio agravado, asociación ilícita y robo, con lo cual se asegura su privación de la libertad. En este segundo requerimiento sorpresivo se ha aumentado el número de defensoras y defensores criminalizados a 32.
Hoy mismo las defensoras y defensores que se presentaron voluntariamente al requerimiento fiscal están siendo trasladados a la ciudad de Tegucigalpa por fuertes contingentes policiales y militares.
1. Condenamos la jugada sucia del Ministerio Público y del juzgado de jurisdicción nacional quienes con este caso evidencian una vez más su inoperancia para tutelar los derechos y las libertades consagradas en la Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, así como su eficiencia para torcer el derecho penal e imputar a las personas este tipo de delitos, cuyos procedimientos son ilegales y solo pueden ser conocidos por jueces y juezas ordinarias, y no por juzgados de jurisdicción nacional que fueron constituidos, reiteramos, para conocer delitos de criminalidad organizada.
2. Denunciamos que los procesos penales incoados por el Ministerio Público y las acciones del juzgado de jurisdicción nacional violentan los principios más básicos del debido proceso y del derecho penal como el principio de estricta legalidad, de interpretación restrictiva, de ofensividad, de insignificancia y de proporcionalidad, y buscan deliberadamente sancionar las reivindicaciones del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales, y enviar de esta forma un mensaje amedrentador a quienes en este país defienden la vida y los bienes comunes.
3. Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para evitar que se consume un ataque grave a la libertad e integridad de los liderazgos del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales que se encuentran detenidos ilegalmente por un sistema de justicia penal que revela una vez más su papel de protector de los intereses de los poderes fácticos de este país. La comunidad internacional debe exigir al régimen de Juan Orlando Hernández el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por distintas instancias internacionales de DDHH que han expresado el respeto a la labor de las y los defensores de derechos humanos.
4. Reafirmamos nuestro compromiso en seguir acompañando a las y los pobladores de la comunidad de Guapinol que hoy son un ejemplo de fuerza y dignidad en la defensa de los bienes comunes que benefician y pertenecen a las y los pobladores de distintos municipios de la zona del Aguán.
Tegucigalpa, 22 de febrero de 2019.
COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD
