Las esperanzas de que se investigue la mano dura contra el movimiento pro democracia que surgió en Bahréin en 2011 y que se haga justicia para aquellos que han sufrido violencia por parte de la policía no sólo se han derrumbado, sino que la situación de libertad de la expresión y los derechos humanos ha empeorado.
Nosotros, como defensores de los derechos humanos, somos atacados por dar voz a los marginados, a las personas que buscan tomar las riendas de su propio destino; nuestros gobiernos hacen todo lo posible para evitar que actuemos de acuerdo a los mejores ideales de nuestra conciencia.
Se han encarcelado periodistas y defensores de los derechos humanos, perseguido manifestantes pacíficos en medio de denuncias de tortura y se han llevado a cabo asesinatos. Al mismo tiempo, países clave como el Reino Unido y los Estados Unidos se han vuelto menos propensos a condenar los abusos.
CAPITAL: Manama
POBLACION: 1.43 m
PIB: US$ 32.2 bn
GOBIERNO:
Bahréin es una monarquía constitucional dirigida por el rey Hamad bin Isa Al Jalifa, que sucedió como emir a la muerte de su padre en 1999, y se convirtió en rey cuando Bahréin pasó a ser un Reino en 2002. Su jefe de gobierno, el primer ministro príncipe Khalifa bin Sulman Al Khalifa, también miembro de la monarquía de Bahréin, ocupa el cargo desde 1970. El cuerpo legislativo de Bahréin está formado por un Consejo Consultivo de 40 miembros nombrado por el Rey y una Cámara de Diputados de 40 miembros elegida por sufragio universal. Las elecciones parlamentarias celebradas en 2014 fueron boicoteadas por el partido opositor Al-Wefaq en protesta por lo que consideraban un proceso injusto. En su ausencia, 37 de los 40 escaños fueron ganados por independientes. El Acuerdo de Asociación Nacional Islámico (Al-Wefaq) fue cerrado por las autoridades en 2016; y su Secretario General, Sheikh Ali Salman, cumple actualmente una condena de cuatro años de prisión por discursos políticos que piden reformas al sistema político de Bahréin. En 2017, Wa’ad, el último gran partido de la oposición, se disolvió.
MIEMBRO DE:
Liga Árabe
Consejo de Cooperación del Golfo (GCC por sus siglas en inglés)
Movimiento No Alineado (NAM por sus siglas en inglés)
Organización de la Conferencia Islámica (OIC por sus siglas en inglés)
Naciones Unidas
MIEMBROS DE IFEX QUE TRABAJAN EN EL PAIS:
Americanos por los Derechos Humanos y la Democracia en Bahréin (ADHRB por sus siglas en inglés)
Centro de Derechos Humanos de Bahréin (BCHR por sus siglas en inglés)
Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR por sus siglas en inglés)
INDICE DE LIBERTAD DE PRENSA:
Índice Mundial de Libertad de Prensa 2018 de Reporteros sin Fronteras: 166 de 180 países
Una ruptura del poder religioso: una crisis de derechos humanos
Uno de los siete Estados del Golfo, Bahréin – cuyo nombre significa «dos mares» – ha sido gobernado durante siglos bajo la monarquía Al Khalifa. El hecho de contar con una mayoría de la población chiita, pero ser dirigido por un rey sunita y donde los ciudadanos más ricos e influyentes también son sunníes, es una fuente de tensión que se ha tornado conflictiva a lo largo de los años. Los acontecimientos más críticos fueron las demostraciones inspiradas por los movimientos democráticos de 2011 en Túnez y Egipto que continúan hasta nuestros días. En febrero de 2011, decenas de miles de personas salieron a las calles y recibieron una brutal respuesta armada. La situación se intensificó en marzo, cuando se declaró un estado de emergencia de tres meses, el gobierno recurrió al Consejo de Cooperación del Golfo para pedir apoyo y las tropas saudíes fueron llamadas a sofocar los disturbios. Durante este tiempo, cientos de personas fueron arrestadas, torturadas y sentenciadas. Otros fueron asesinados o murieron bajo custodia.
Desde entonces ha habido numerosas manifestaciones contra la monarquía y por los derechos humanos, llevando a nuevas detenciones y condenas. La situación se deterioró bruscamente a partir de mediados de 2016 con la represión contra el partido opositor chiita Al-Wefaq, la detención de su líder y los clérigos chiitas que protestaron. En enero de 2017, se rompió una moratoria sobre la pena de muerte desde 2010, con la ejecuciónde tres hombres chiitas condenados por haber matado a tres agentes de policía en un ataque con bomba en 2014. Su juicio fue condenado como profundamente deficiente y basado en confesiones extraídas bajo tortura. Las ejecuciones fueron recibidas con indignación y provocaron más protestas. Luego, en mayo, cinco manifestantes fueron asesinados y otros 300 arrestados cuando la policía interrumpió una protesta contra el arresto de un importante clérigo chiita. En junio se disolvió el partido Al-Wafeq, acusado de apoyar el terrorismo.
En su informe de septiembre de 2017, «Nadie puede protegerlo: el año de aplastar la disidencia en Bahréin«, Amnistía Internacional califica la situación de «crisis de derechos humanos» con más de 160 personas detenidas ese año, desde defensores de derechos humanos, periodistas, activistas hasta clérigos chiitas, denuncias de tortura, así como acoso y amenazas.
Se disuelven las promesas para el fin de la impunidad
Sin embargo, a finales de 2011, había alguna esperanza. El gobierno de Bahréin creó una Comisión de Investigación Independiente para investigar los abusos cometidos entre febrero y junio de 2011. En noviembre de ese año, la Comisión publicó su informe que identificaba 26 áreas para la reforma que traería responsabilidad, justicia para las víctimas, moratoria de la pena de muerte y protección de las libertades de expresión y reunión, entre otros. Aunque inicialmente fue aceptado por el gobierno, no sólo no se han cumplido estas recomendaciones sino que la situación se ha deteriorado y se han adoptado medidas que endurecen el control del gobierno y de los militares sobre la disidencia. Una de esas medidas son las enmiendas constitucionales de abril de 2017 que permiten a los militares procesar civiles, una medida que ha alarmado a los observadores de los derechos humanos que temen que los críticos del gobierno puedan ser los principales objetivos de los tribunales.
Defensores de los derechos humanos detenidos, torturados y encarcelados
Mientras tanto, no solo no ha habido ninguna investigación sobre los homicidios y abusos cometidos por las fuerzas gubernamentales, ni ha habido justicia para las víctimas, sino que proliferan nuevos abusos contra los defensores de derechos humanos.
• Uno de los casos más destacados es el de Nabeel Rajab, defensor de los derechos humanos y fundador del Centro de Derechos Humanos de Bahréin y del Centro del Golfo para los Derechos Humanos, que ha sido constantemente acosado y arrestado. En mayo de 2012 fue encarcelado durante dos años por «insultar a un organismo estatutario a través de Twitter». Fue detenido nuevamente en junio de 2016 por sus tuits criticando los abusos de las fuerzas armadas de Bahréin en Yemen, donde Bahréin forma parte de una coalición que lucha contra los rebeldes chiitas Houthi. Mantenido en detención desde entonces, la salud de Nabeel se deterioró drásticamente ya que su juicio se retrasó y pospuso repetidamente. Para añadir a esto, en julio de 2017, en un juicio al que no pudo asistir por su estado de salud, se le agregó otra pena de dos años de prisión por las entrevistas que dio sobre el pobre historial de Bahréin en lo que atañe a derechos humanos. En febrero de 2018, Rajab fue condenado a otros cinco años de prisión por tuitear críticas a las violaciones de los derechos humanos de Arabia Saudita en la guerra en Yemen y por documentar las denuncias de tortura en las cárceles de Bahréin. La condena fue confirmada por el tribunal de apelación en junio de 2018.
• Se citan comúnmente la tortura y el abuso de los presos políticos, y para las mujeres existe el peligro añadido de abuso sexual. Por ejemplo, en julio de 2017, la activista de derechos Ebtisam al-Saegh fue tomada de su casa por la policía. Dos meses antes, había sido detenida por agentes de seguridad nacional para interrogarla sobre una manifestación en la que habían muerto cinco personas y sobre su participación en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra en marzo de ese año donde había hablado sobre violaciones. A su liberación, habló de golpes, amenazas y abuso sexual por parte de sus interrogadores. En julio de 2017 fue acusadabajo leyes antiterroristas y fue liberada en espera de un juicio en octubre 2017.
• En marzo de 2018, el Ministro del Interior anunció que se tomarían nuevas medidas para «localizar» a los activistas que criticaban a las autoridades en las redes sociales. Aunque no proporcionó detalles, su declaración fue interpretada como una nueva expansión de la red de búsqueda del Ministerio del Interior dirigida a cualquier activismo en línea.
Periódicos prohibidos, sitios web bloqueados, periodistas deportados y exiliados
No es de sorprender que el rango de la libertad de prensa en Bahréin se encuentre entre los más bajos, situándose en el puesto 166 entre 180 países en el Índice de la Libertad de Prensa Mundial de Reporteros sin Fronteras. La Ley de Prensa de Bahréin permite encarcelar por insulto a la monarquía o contra el islam, y por amenazar la seguridad nacional. En 2014, el castigo por insultar al Rey fue elevado a siete años de prisión. También se bloquean sitios web, se regula el uso de Internet y los sitios de medios sociales, se les niega la entrada a los periodistas extranjeros y se les deporta si intentan cubrir los disturbios en el país. En junio de 2017, la agencia de noticias independiente Al-Wasat se vio obligada a cerrar tras publicar un artículo considerado como «difamación de un país árabe hermano» después de que varios Estados del Golfo tomaran medidas contra periodistas en medio de la ruptura en las relaciones entre Qatar y otros países en la región. El medio había sido previamente suspendido en enero de 2017 al parecer por su cobertura de los disturbios tras las ejecuciones.
• Nazeeha Saeed fue víctima de las leyes que impiden que los periodistas de Bahréin trabajen para agencias de noticias extranjeras sin permiso. Corresponsal de France24 y de la radio pública francesa Radio Monte Carlo Doualiya, fue acusada en julio de 2016 de practicar sin permiso. Su solicitud para un nuevo permiso había sido rechazada en marzo de ese año. En julio de 2017 fue multada con 1000BD. (US $ 2.650). Sobrevivió a la tortura infligida mientras estuvo en prisión en 2011. Una de las cinco personas que ella identificó como sus torturadores fue enjuiciada pero luego absuelta en 2013 por un tribunal cuya independencia fue cuestionada. En septiembre de 2017 tomó una residencia de la Red Internacional de Ciudades de Refugio en París.
La presencia militar y el comercio superan las preocupaciones de derechos humanos
Ha habido una decepción aguda por un lado porque las recomendaciones de la Comisión de Investigación de Bahréin para abordar los abusos en 2011 no sólo han sido ignoradas, sino dejadas de lado, y por el otro, por la renuencia de los gobiernos en el extranjero a condenar las violaciones. En julio de 2017, una protesta conjunta firmada por organizaciones en Bahréin y en el extranjero fue enviada al Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Criticó la respuesta «débil» del Reino Unido a la sentencia de Nabeel Rajab y el silencio sobre los ataques contra otros defensores de los derechos humanos. Algunos observadores sugieren que la necesidad de Gran Bretaña de mantener y encontrar nuevos aliados económicos después de Brexit, y la apertura de una base naval del Reino Unido en Bahréin en noviembre de 2016 -aparentemente financiada en parte por los bahreiníes- podría estar detrás de esta reticencia. Del mismo modo, aunque el gobierno de Estados Unidos ha condenado abusos en el pasado, esto podría cambiar. La Quinta Flota de Estados Unidos tiene su base en Bahréin y las condiciones previas para la venta de las cazas de combate F-16 establecidas bajo la administración Obama para mejorar los derechos humanos en Bahréin fueron abandonadas en marzo de 2017 bajo la dirección del Presidente Trump.
Los duros beneficios económicos, el hardware militar y la presencia en una parte estratégicamente importante de Oriente Medio parecen tener más importancia que los derechos de los individuos. Nunca más cierto que en Bahréin, donde domina una élite en gran parte no elegida, mientras que los abusos se llevan a cabo con impunidad.