Dos asesinatos, varios periodistas querellados por delitos de difamación, injuria, atentado contra la seguridad nacional y la falta de una autoridad que resuelva conflictos en material de acceso a la información pública son los problemas principales que consigna el informe anual 2016 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA.
Este artículo fue publicado originalmente en ipys.org el 7 de julio de 2017.
Dos asesinatos, varios periodistas querellados por delitos de difamación, injuria, atentado contra la seguridad nacional y la falta de una autoridad que resuelva conflictos en material de acceso a la información pública son los problemas principales que consigna el informe anual 2016 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA. Así lo reportó el Relator Edison Lanza en un evento realizado en Lima para la presentación de dicho informe.
En su exposición, Lanza hizo un preámbulo mencionando un panorama de la situación de la libertad de expresión en la región, con énfasis en los graves ataques que vienen sucediendo en Venezuela, Ecuador y México.
También destacó que doce países de la región hayan adoptado y modificado medidas relacionadas con los delitos de prensa, incluso derogando el uso del derecho penal para violentar la libertad de expresión. Resaltó que lamentablemente no es el caso del Perú.
Lanza explicó la urgente necesidad de que los países tengan una buena ley de publicidad oficial o, en su defecto, mejorar las ya existentes que ayuden a no distorsionar la línea de los medios de comunicación a cambio de tener más anuncios.
Balance sobre Perú
Edison Lanza nombró los dos casos de periodistas que fueron asesinados durante 2016, y de los cuales casi no se tiene información sobre las investigaciones. Únicamente se sabe que están en etapa preliminar, en la Policía.
En noviembre de 2016, Hernán Choquepata, periodista del programa La voz del pueblo, fue asesinado a balazos por sicarios mientras conducía su programa en la cabina radial. El periodista era crítico con las autoridades gubernamentales.
En octubre, Yrineo Martínez Purihuamán, comunicador de la región Lambayeque, murió tras recibir impactos de bala mientras cubría un presunto enfrentamiento entre comuneros e invasores de tierras.
También demostró preocupación por los casos de periodistas que han sido querellados por delitos de prensa, demandas entabladas por funcionarios y personas públicas: caso Fernando Valencia, caso Rafo León, caso Zenaida Condori, de La República, Arequipa, caso Karina Novoa y Rosana Cueva, entre otros.
«Periodistas que hicieron uso de su libertad de opinión o de prensa y expresión y fueron denunciados penalmente. Pudimos ver que en todos los casos los demandantes eran funcionarios públicos o personas expuestas a la crítica pública por su actividad, y juzgados que admitieron y en varios casos resolvieron contra los periodistas en las primeras instancias judiciales. Vemos con preocupación que se siga usando esta figura en el Perú», resaltó Lanza.
El Relator expresó su voluntad «de ayudar y empujar una agenda para elevar las prácticas del Perú a los estándares interamericanos».
El informe fue comentado por el presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez. Sobre los procesos judiciales contra periodistas por delitos de prensa el magistrado indicó que si bien en primeras instancias hubo malas decisiones de jueces, varios de los casos mencionados, «en las instancias superiores fueron resueltos a favor de la prensa y así de alguna manera el PJ enmendó sus errores. Estamos trabajando en ello porque somos respetuosos del derecho a la libertad de opinión y de expresión, derecho que consideramos fundamental en toda sociedad democrática».
Sobre los asesinatos y la lentitud en las investigaciones de los periodistas asesinados, Rodríguez dijo que «no tenemos injerencia en eso porque ambos casos están todavía en investigación policial. Es un problema serio que debería resolverse a la brevedad posible».
