Durante el 2017, para el mes de noviembre, 56 medios fueron cerrados (47 emisoras radiales, 3 televisoras y 6 medios impresos). El Estado fue desdibujado como institución garante de derechos porque la legislación es aplicada a conveniencia, se caracteriza por la ejecución de procesos opacos, discrecionales y arbitrarios y que se traducen en menos espacios.
Este artículo fue publicado originalmente en espaciopublico.org el 12 de diciembre de 2017.
La pluralidad informativa se refiere a la capacidad efectiva que tenga toda persona de acceder a diferentes fuentes de información con diversos enfoques editoriales, es decir, que exista un abanico de medios que ofrezcan diferentes perspectivas de la realidad como información. Esto también supone que todo ciudadano pueda expresar sus opiniones o ver reflejados sus puntos de vista en los medios, sin ningún tipo de sesgo o discriminación.
Los estándares internacionales de derechos humanos contemplan la obligación positiva de los Estados de promover la diversidad de los medios, como parte vital de la libre expresión que protege los derechos tanto del que se expresa como de quien escucha, es decir, del que emite o de quien recibe la información. En la Declaración Conjunta sobre la Diversidad en la Radiodifusión de 2007 se destacó:
la importancia fundamental de la diversidad en los medios de comunicación para el libre intercambio de información e ideas en la sociedad, en términos de dar voz y satisfacer tanto las necesidades de información como otros intereses de todos y todas, de conformidad con la protección que brindan las garantías internacionales del derecho a la libertad de expresión.
Más recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe anual de 2015, recomendó a los Estados:
promover políticas y prácticas efectivas que permitan el acceso a la información y la participación igualitaria de todos los sectores de la sociedad para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño y la toma de decisiones sobre políticas públicas.
Los diferentes enfoques sobre una misma realidad son parte fundamental de los insumos para tomar decisiones acertadas e informadas sobre los asuntos de interés social e individual, desde el medio de transporte a elegir para acudir al sitio de trabajo hasta la elección del candidato de nuestra preferencia. Tener varias fuentes de información sobre un mismo hecho, y de diferentes situaciones entre sí, nos permite medir, reflexionar e incluso cuestionar esa misma información recibida, con lo que podemos construir un criterio personal e individual que nos dé un lugar propio en la discusión de los asuntos públicos.
Durante el 2017, para el mes de noviembre, 56 medios fueron cerrados (47 emisoras radiales, 3 televisoras y 6 medios impresos). El Estado fue desdibujado como institución garante de derechos porque la legislación es aplicada a conveniencia, se caracteriza por la ejecución de procesos opacos, discrecionales y arbitrarios y que se traducen en menos espacios.
El sistema de medios públicos se concibió para responder a una línea pro-gubernamental. Esto contraviene el principio de universalidad inherente al derecho que reiteró la Corte IDH: la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios.
La violencia institucional, el segundo tipo de violación al derecho a la libre expresión de mayor recurrencia en 15 años de registro, se traduce en el uso de entes gubernamentales en contra de la sostenibilidad y la existencia de los medios de comunicación. Tras presiones para «suavizar» las críticas hasta multas millonarias, demandas judiciales, arbitrariedad o negativa de venta de papel prensa, la compra y venta de medios; se observan cambios significativos en algunas líneas editoriales, abordajes tímidos, inexistentes o poco rigurosos sobre temas sensibles para la opinión pública como escasez de productos básicos o corrupción; lo que implica la reducción de la diversidad de cara a consolidar la prevalencia del discurso oficial.
Las limitaciones crecientes se leen a la luz de los diversos elementos que comprenden la pluralidad como obligación positiva del Estado, que va más allá del concepto de propiedad de medios. Desde las reglas para el control de las fusiones hasta los requisitos de los contenidos en los sistemas de licencias, el establecimiento de libertades editoriales, la independencia, la relación entre medios de comunicación y actores políticos. El concepto abarca todas las medidas que garantizan el acceso de los ciudadanos a una variedad de fuentes de información y voces que les permiten formar opiniones sin la influencia indebida de un poder dominante6.
Ante una ola de restricciones que ha afectado en particular a los medios impresos en los últimos cuatro años, la intención del presente estudio es identificar los niveles de pluralidad informativa existente en periódicos de circulación nacional. Se consideraron un total de 767 artículos de los 7 impresos circulantes: Correo del Orinoco, Diario 2001, Diario Vea, El Mundo Economía y Negocios, El Nacional, El Universal y Últimas Noticias; dos ejemplares de cada medio para el periodo entre diciembre de 2016 y febrero de 2017. Entre las variables para identificar la pluralidad en la oferta de información se utilizaron la extensión en caracteres por fuente, artículo, postura editorial por artículo y titular de primera página.
