Suyapa Martínez, Directora del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras, denunció que en Honduras más de 50 defensores de derechos humanos han recibido amenazas a muerte producto de su labor humanitaria.
Suyapa Martínez, Directora del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEMH), denunció que en Honduras más de 50 defensores de derechos humanos han recibido amenazas a muerte producto de su labor humanitaria, es por ello que exigió al Estado cumplir con su rol de «garante» de los derechos humanos de los y las hondureños/as.
«Los defensores y defensoras de los movimientos sociales del país están siendo criminalizados, especialmente aquellos que están vinculados con la protección de la tierra, el medio ambiente y los recursos naturales, lamentablemente muchos defensores son amenazados con la cárcel,», aseguró Martínez.
Martínez afirmó que «dichas amenazas son muy preocupantes debido a que el defensor/a no tiene a dónde acudir puesto que la institucionalidad Estatal que debe impartir justicia a favor de las mayorías del pueblo, enfoca su labor en la persecución de las y los defensores de los territorios de los recursos naturales a quienes enjuician y criminalizan por su lucha social».
Para la longeva Pascuala Vásquez, una de las ancianas fundadoras del Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el gobierno de Porfirio Lobo Sosa se caracteriza por violentar los Derechos Humanos, realizar acciones de persecución y estar a favor de grandes empresas invasoras de las comunidades indígenas.
Vásquez expresó que «Pese a la violación por parte del Estado hondureño de los derechos y convenios internacionales suscritos como el convenio 169 de la OIT, nuestra posición como organización es defender los recursos naturales, nuestra posición es seguir con la lucha, no desmayar».
Finalmente Nora Cortiñas una defensora de los derechos humanos en Argentina y cofundadora del movimiento de «Las Madres de la Plaza de Mayo», repudió abiertamente las amenazas que sufren los defensores de derechos humanos en Honduras, al tiempo de exigir públicamente que se le levanten los cargos en contra de la Coordinadora del COPINH, Bertha Cáceres a quien le dictaron prisión preventiva el pasado 20 de septiembre de 2013 en el departamento de Intibucá.