Mayo de 2022 en Europa y Asia Central: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Una nueva legislación sobre la pena de muerte en Bielorrusia tiene implicaciones inquietantes para las voces opositoras, mientras las fuerzas rusas cometen 280 crímenes contra los medios ucranianos, el movimiento LGBTQI+ y el espacio cívico en Europa. Por su parte, Turquía introduce un nuevo proyecto de ley draconiano sobre desinformación y se observa un aumento en los ataques a la libertad artística.
La posibilidad de que te disparen por atreverte a hablar
En el Día Internacional de Solidaridad con Bielorrusia (29 de mayo), los defensores de los derechos humanos de todo el mundo mostraron su solidaridad con el pueblo bielorruso al pedir el fin de la represión del presidente Lukashenka contra la prensa independiente y la sociedad civil, y que todos los presos políticos (que actualmente son 1.217) sean liberados.
[Traducción: HILO #EspacioCivico es la piedra angular de la democracia, es por eso que los autócratas hacen todo lo posible para destruirlo.
Para conmemorar el Día GLOBAL de Solidaridad con #Bielorrusia, examinemos cómo el régimen de Lukashenka está atacando el #EspacioCivico y cómo los bielorrusos están contraatacando: #ApoyemosBielorrusia]
En mayo se produjeron una serie de acontecimientos inquietantes, el más alarmante fue la ampliación de la aplicación de la pena de muerte para incluir el «intento de terrorismo». Los defensores de los derechos humanos condenaron la medida y señalaron la vaguedad de la definición de «terrorismo» por parte de las autoridades bielorrusas y la frecuencia con la que han utilizado «cargos relacionados con el terrorismo para enjuiciar a la disidencia política». Como dijo Amnistía Internacional, “los opositores al gobierno se enfrentan ahora a la posibilidad de que les disparen si se atreven a hablar.”
Las implicaciones para los líderes de la oposición de Bielorrusia son preocupantes: Maryia Kalesnikava (actualmente en prisión) y Sviatlana Tsikhanouskaya (actualmente en el exilio) están ambas en la lista de “terroristas” de la KGB.
Los periodistas exiliados Stsiapan Putsila y Yan Rudzik también fueron difamados y tildados de terroristas. Según se informó este mes, ambos han sido acusados de “organización y gestión de una organización terrorista”. Los cargos se basan en su trabajo en NEXTA, un canal de Telegram de oposición que ayudó a coordinar las protestas contra Lukashenka de 2020. NEXTA fue fundado por Putsila.
Sofia Sapega, arrestada en mayo de 2021 junto con el ex editor de NEXTA Raman Pratasevich después de que las autoridades bielorrusas obligaran su vuelo a aterrizar en Minsk, fue sentenciada a seis años de prisión este mes. Fue declarada culpable de «incitar a la enemistad social y la discordia» y «recopilar y difundir ilegalmente información sobre la vida privada de una persona no identificada sin su consentimiento». Pratasevich aún no ha sido juzgado y el estado de la investigación en su contra no está claro.
Se espera que los juicios de varios periodistas comiencen en junio, incluido el del ex subdirector de BelaPAN, Andrei Aliaksandrau, quien enfrenta numerosos cargos que incluyen evasión de impuestos, participación en una organización extremista y traición. Aliaksandrau, quien anteriormente trabajó en las organizaciones Index on Censorship y ARTICLE 19, enfrenta 15 años de prisión si es declarado culpable.
280 crímenes cometidos contra la prensa ucraniana
Como nos recordó Reporteros sin Fronteras (RSF) este mes, la lista de periodistas que son víctimas de la guerra de Rusia contra Ucrania crece día a día.
Según RSF, siete periodistas han muerto y 12 han resultado heridos por disparos desde que Rusia invadió a su vecino el 24 de febrero. El miembro ucraniano de IFEX, el Instituto de Información Masiva (IMI), ha registrado 280 crímenes cometidos por Rusia contra los medios y periodistas en Ucrania en los primeros tres meses de la guerra.
Entre los objetivos de las fuerzas rusas se encuentra la periodista Iryna Danilovich basada en Crimea, quien desapareció en abril y fue ubicada en un centro de detención previa del FSB ruso en Simferopol en mayo. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) informa que Danilovich ha sido maltratada bajo custodia y que ha sido acusada de manipulación ilegal de explosivos, por lo que enfrenta hasta ocho años de prisión si es declarada culpable.
Otra trabajadora de los medios atacada este mes fue la experta en medios de IMI, Iryna Zemlyana. Zemlyana fue víctima de doxeo en los canales rusos de Telegram y recibió varias amenazas de violación y muerte después de que roció al embajador ruso en Polonia, Serhiy Andreev, con sangre falsa en una manifestación contra la guerra en Varsovia. Zemlyana finalmente tuvo que abandonar Varsovia por su propia seguridad.
Los miembros de IFEX continúan brindando apoyo práctico a los periodistas y medios ucranianos (para obtener una lista completa de sus iniciativas, consulte nuestro resumen de marzo). Este mes, RSF e IMI abrieron un segundo Centro de Libertad de Prensa en Ucrania para apoyar a los periodistas brindándoles equipos y capacitación de seguridad y apoyo psicológico.
Según la ONU, el ataque de Rusia contra Ucrania se ha cobrado aproximadamente 4.000 vidas civiles hasta el momento y ha obligado a 6.737.208 refugiados a huir del país. La evidencia de que las tropas rusas han cometido crímenes de guerra aumenta casi a diario. Existen, como informa Human Rights Watch, testimonios creíbles de que los civiles han sido sometidos a ejecuciones sumarias, tortura y confinamiento ilegal.
El movimiento LGBTQI+ y el espacio cívico
Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia y la Intersexfobia (IDAHOBIT) de este año (17 de mayo), ILGA-Europa publicó su Mapa e Índice Rainbow Europe. Este informe anual revisa la situación legal y política de las personas LGBTQI+ en toda Europa durante los últimos 12 meses y clasifica a los países en consecuencia. También brinda una descripción general del grado en que las personas LGBTQI+ pueden acceder a sus derechos y participar plenamente en el espacio cívico.
El informe presenta un panorama mixto: hubo “un aumento severo en 2021 de la retórica anti-LGBTQI+ por parte de políticos y otros líderes, lo que ha alimentado una ola de violencia… [pero] la respuesta a esto ha sido una determinación conjunta en muchos países, y a nivel europeo, para hacer frente al odio y la exclusión de las personas LGBTQI+”.
Los cinco países con mejor desempeño de este año en términos de derechos LGBTQI+ fueron (en orden, del 1 al 5): Malta, Dinamarca, Bélgica, Noruega y Luxemburgo. Hubo desarrollos prometedores en varios otros países que, según ILGA-Europa, “optaron por tomar medidas reales en los últimos 12 meses para avanzar en la igualdad LGBTQI+”. Estos incluyen Francia, que prohibió la práctica peligrosa y sin evidencia conocida como «terapia de conversión», e Islandia, que introdujo el reconocimiento legislativo de la paternidad trans.
El país con peor desempeño en la UE fue, como era de esperar, Polonia, cuyo gobierno ha promovido abiertamente durante años la homofobia, incluidas las llamadas «zonas libres de LGBT». Aunque algunas autoridades regionales han retirado sus declaraciones de ‘zona libre de LGBT’ (tras una amenaza de pérdida de fondos de la UE, o después de fallos judiciales en su contra), los legisladores votaron a fines de 2021 para continuar trabajando en la legislación conocida popularmente como ‘Stop LGBT’, que busca prohibir los desfiles del orgullo gay y otras acciones públicas consideradas para ‘promover’ las relaciones entre personas del mismo sexo.
Rumanía, Bulgaria y Hungría no se quedaron muy atrás de Polonia en la promoción oficial del sentimiento anti-LGBTQI+. El mes pasado, el día de las elecciones generales, el partido gobernante de Hungría celebró un referéndum en el que pedía a los votantes que validaran la legislación anti-LGBTQI+ introducida en 2021 que prohíbe la «representación y promoción de una identidad de género distinta del sexo al nacer, el cambio de sexo y la homosexualidad’. Sin embargo, tras una campaña dirigida por varias ONGs, 1,6 millones de personas anularon deliberadamente sus papeletas y el referéndum se declaró inválido.
Los peores países en general para las personas LGBTQI+ fueron (en orden, del 45 al 49): Bielorrusia, Rusia, Armenia, Turquía y Azerbaiyán.
En particular, la posición de Turquía en el ranking de ILGA-Europa ha ido cayendo constantemente desde 2015. Entre las tendencias preocupantes señaladas por ILGA-Europa se encuentran la promoción del sentimiento homofóbico por parte de los principales políticos, las prohibiciones frecuentes de los eventos del orgullo (y la dispersión a menudo violenta de dichos eventos por parte de la policía), el acoso de las trabajadoras sexuales trans por parte de las fuerzas del orden y los “innumerables crímenes de odio” contra las personas LGBTQI+. Como para confirmar los hallazgos del informe, en mayo de 2022, la policía golpeó y detuvo a aproximadamente 45 personas en la marcha del Orgullo de la Universidad de Boğaziçi. Aparentemente en dicha marcha, también se distribuyeron folletos por parte de extremistas religiosos, de folletos que pedían la “lapidación hasta la muerte” de personas LGBTQI+ en la ciudad de Eskişehir (generalmente considerada como un espacio seguro por la comunidad LGBTQI+ de Turquía).
[ Traducción: El 20 de mayo, la policía antidisturbios turca ingresó al campus de la Universidad de Boğaziçi y disolvió la marcha anual del orgullo LGBTI. Decenas de estudiantes fueron brutalmente reprimidos. #Turquía]
“Impulsando la censura sistemática y la autocensura”
El año pasado, el presidente de Turquía, Erdoğan, describió las redes sociales como una de las principales amenazas a la democracia y prometió una legislación que criminalizaría la difusión de desinformación en línea. Este mes, el partido gobernante y los aliados nacionalistas presentaron un «proyecto de ley de desinformación» largamente esperado (y temido) al Parlamento. Si el proyecto se convierte en ley, los condenados en virtud de este se enfrentarán a hasta tres años de prisión por difundir «noticias falsas» en Internet.
Grupos de periodistas, incluido el Instituto Internacional de Prensa (IPI), han pedido que se retire el proyecto de ley, argumentando que «impulsará la censura sistemática y la autocensura» en lugar de abordar la desinformación. La vaguedad del lenguaje en el proyecto de ley, dicen, deja la legislación “abierta a abusos graves por parte de un sistema judicial que ya sufre captura política y pérdida de independencia”.
Como afirma el IPI en su informe reciente, Turquía: espectro de un bloqueo digital, el proyecto de ley de desinformación es otro intento del partido gobernante de “cimentar el control sobre uno de los últimos espacios que quedan en Turquía para el periodismo libre”.
El proyecto de ley es una continuación del tipo de formulación de políticas que introdujo nuevas reglas en 2020 que exigen que todas las plataformas de redes sociales establezcan entidades legales en Turquía o se enfrenten a duras sanciones. Con esto, la intención era de hacer que estas plataformas respondieran mejor a las solicitudes de eliminación de contenido del gobierno.
[ Traducción: #Turquía: organizaciones periodísticas locales líderes, incluyendo el Comité Nacional del IPI pide el retiro de la ‘ley de desinformación’ «Una ley que se elaboró sin ninguna consulta con periodistas y organizaciones de medios no puede ser un remedio para la desinformación» Lea la declaración completa:]
Artistas golpeados por ola de cancelaciones y prohibiciones
Aunque estamos acostumbrados a los informes periódicos sobre la continua persecución de los periodistas independientes en Turquía, los ataques contra los artistas o la represión de la expresión artística aparecen en los titulares con poca frecuencia. Este mes, Bianet, miembro de IFEX, publicó varias historias que registran un aparente repunte en la censura actual de cantantes, actores y otros artistas por parte de las autoridades turcas.
Docenas de conciertos y otros eventos artísticos han sido cancelados o prohibidos en los últimos tres años, muchos de ellos presentaban músicos kurdos o armenios. Algunos artistas también han sido arrestados, encarcelados, golpeados o acosados. Solo en mayo de 2022, las administraciones locales cancelaron varios eventos, incluidos los conciertos de la cantante kurda Aynur Doğan y los músicos Metin y Kemal Kahraman, y también una actuación de Don Kîxot, una adaptación kurda de Don Quijote de Cervantes.
Muchas veces, no se da una razón clara para estas cancelaciones; en general se explican simplemente como una cancelación por «doble reserva». En algunas ocasiones, sin embargo, como la cancelación de este mes de todas las actuaciones musicales en el Festival Internacional de Primavera de la Universidad Técnica de Medio Oriente, la razón ofrecida es la «seguridad pública». Otras veces, como la prohibición del concierto del cantante Melek Mosso (organizada para el 3 de junio en el Festival Internacional de la Rosa de Isparta), la justificación esgrimida es la “moral pública”. A veces, el argumento es claramente político y se debe al activismo de un artista o al apoyo a un partido de oposición.
En respuesta a la reciente oleada de prohibiciones y cancelaciones, 57 colegios de abogados turcos emitieron una declaración conjunta a fines de mayo condenando esta tendencia, argumentando que “estas decisiones se toman con motivos discriminatorios, arbitrarios y políticos y van en contra de la lengua materna, la cultura, la forma de vida y los géneros”.
